[Editorial] Autopista del Itata

Por: Fotografía: mapio.net/s/25588046/ 10:15 AM 2017-05-05

Nuevamente la Autopista del Itata fue escenario de un accidente vehicular que esta vez costó la vida de un joven matrimonio chillanejo y de uno de sus hijos este miércoles. El hecho se sumó a una larga lista de colisiones que han transformado a esta ruta en una de las más peligrosas de Chile.

Como era de esperarse, el dolor y la indignación de la opinión pública local se hizo notar, y una de las críticas más recurrentes apunta a las deficientes medidas de seguridad con que cuenta la carretera concesionada en 1995, una de las primeras del país en ser desarrollada bajo este modelo de financiamiento y que hoy tiene el segundo peaje más caro de Chile.

Y si bien el seremi de Obras Públicas, René Carvajal, ha salido a defender la “seguridad” de la ruta, precisando que el accidente se debió a una falla humana, el jefe de la SIAT Concepción, capitán Matías Palominos, quien encabeza la investigación, manifestó que si en el tramo donde ocurrió el accidente hubiese existido una barrera de contención, probablemente no se habrían registrado muertes.

Seguramente muchos accidentes fatales pudieron haber tenido un desenlace distinto en estas dos décadas si la Autopista del Itata hubiese contado con medidas que sí están presentes en otras rutas desarrolladas con posterioridad, pero lamentablemente, el MOP omitió exigencias que hoy son fundamentales en las bases de licitación de autopistas. A ello se debe añadir el factor económico, pues la instalación de dichas barreras obligaba a construir pasarelas y otras obras que iban a encarecer el proyecto.

Pero estos argumentos pierden valor cuando se trata de vidas humanas perdidas por la desprolijidad de unos y la avaricia de otros. Y si bien desde el punto de vista legal la concesionaria ha actuado conforme a lo establecido en el contrato, el Estado no puede seguir teniendo un rol pasivo frente a un problema que tiene su origen en una licitación cuestionada desde un principio.

En los últimos años, no son pocas las autoridades que han alzado la voz para pedir mejoras al estándar de seguridad de la ruta, pero una y otra vez se han encontrado con la respuesta del MOP, que no ha logrado llegar a un acuerdo con la empresa.

¿Cuántas personas tendrán que morir para que el Estado asuma el rol ético que le corresponde y que va mucho más allá de lo que establece un contrato diseñado para beneficiar a la concesionaria?

Puesto que las negociaciones entre el MOP y Globalvía para mejorar el estándar de seguridad a cambio de una extensión del contrato han sido infructuosas, habrá que esperar que termine la concesión en 2020 para que en un nuevo contrato se establezcan los requermientos de una carretera moderna. En otras palabras, nuevamente queda de manifiesto que los números siguen pesando más que las vidas humanas.

Pero la comunidad no debe resignarse a aceptar la inmutabilidad de un contrato obsoleto, y debe exigir de sus autoridades que así como ha existido voluntad política para tramitar leyes exprés o para negociar modificaciones de contrato en otras concesiones -e incluso la recompra de la Ruta de la Madera-, también debe hacer un esfuerzo por solucionar este grave problema cueste lo que cueste, porque ese precio siempre será menor que el valor de una vida.

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