Participación cosmética

Por: La Discusión 07:15 PM 2017-05-01

La legislación nacional establece la posibilidad de realizar consultas y plebiscitos comunales como un valioso mecanismo de participación directa de las personas en las decisiones que afectan la vida en una ciudad. En Chillán, además, tenemos una norma local que refuerza la intención de que el municipio haga efectivo aquello de dotar de poder de determinación a sus vecinos. 

La ordenanza data de 2011, sin embargo ninguna consulta ciudadana ni plebiscito se ha realizado hasta la fecha, pese a que no han faltado las instancias para ser invocados. Las primeras (que no son vinculantes y por tanto deben ser ratificadas por el Concejo Municipal) en temáticas menores, como la entrega de patentes de alcoholes en un determinado barrio, o de mayor alcance, como establecer restricción vehicular o aprobar o rechazar proyectos urbanos de gran escala, tanto públicos como privados. Los plebiscitos, en tanto, son más complejos y suelen estar reservados para cuestiones de mucha relevancia, como modificaciones al Plan Regulador de una comuna, cuestión que precisamente ahora debe discutirse en Chillán y que aborda aspectos como la altura de los edificios y otras regulaciones para el sector inmobiliario. 

Según la Asociación Chilena de Municipalidades, una consulta puede tener un costo que fluctúa entre los 10 y los 40 millones de pesos y un plebiscito más de 200 millones, lo que constituye una primera y gran barrera. También argumentan que es difícil traspasar decisiones técnicas a la ciudadanía y que no siempre hay asuntos de tanta trascendencia para convocarlos, como expresaron varios ediles de Chillán consultados sobre el tema.      

Sin embargo, junto con lo anterior, hay un tema de voluntad política para llevarlos a cabo que no es menor, pues los alcaldes no están acostumbrados a compartir el poder y menos a trasladarlo a la ciudadanía. Además -y en ello también comparten el recelo con los concejales- ven que las instancias de organización de la sociedad civil pueden convertirse en plataformas políticas y quienes las integran en futuros competidores dentro del gobierno comunal.

Por lo mismo, no debería extrañarnos que las instancias de participación registradas en Chillán en la última década hayan sido prácticamente cosméticas, asociadas a procesos que la exigen, pero carecen de rigor metodológico. También el Consejo de la Sociedad Civil ha sido una mera formalidad para que el municipio pueda cumplir con el check list exigido por la Ley 20.500, nada más.

Es evidente, por tanto, que junto con perfeccionar la normativa existente para superar las limitaciones que existen para una efectiva participación, se requiere un cambio de mentalidad en la forma de gobernar la ciudad, hasta ahora entendida como un ámbito donde quienes viven en ella no tienen mucho que aportar. 

Esa idea de gobierno local quedó en el pasado. En todo el mundo hay un proceso de transformación de la sociedad civil en actor central para el hallazgo de soluciones a muchos de los grandes problemas que le aquejan, mientras que aquí seguimos dudando de ella y excluyéndola de las decisiones que afectan su vida cotidiana.

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