[Editorial] Fallo en caso casinos

Por: 08:20 AM 2016-03-30

Ayer se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de protección de Boldt-Peralada contra el Gobierno Regional impugnando la votación del Core del 25 de noviembre pasado, cuyo pronunciamiento fue desfavorable para su propuesta de casino en Chillán.

Si bien era una posibilidad que el tribunal rechazara el recurso, toda vez que también rechazó el primer recurso de Boldt-Peralada, en octubre de 2014, cuando se impugnó la primera votación desfavorable del Core, en esta ocasión el fallo se pronuncia sobre la discrecionalidad del Core para votar y, también sobre la validez de los argumentos entregados por los consejeros regionales para rechazar la propuesta de Boldt-Peralada.

Como se sabe, el proceso de otorgamiento de una licencia de operación de casino de juego en Chillán comenzó en enero de 2014, en el cual participaron tres competidores: Marina del Sol, Dreams y Boldt-Peralada. Sin embargo, el 1 de julio de 2014, cuando en el marco de ese proceso, la Superintendencia de Casino de Juego solicitó al Core que se pronunciara sobre las tres propuestas, el órgano colegiado solo se inclinó por la de Marina del Sol y rechazó las de Boldt-Peralada y Dreams (este último se retiró tras esa decisión).

Dicha votación, si bien emanó de un organismo político integrado por representantes elegidos por sufragio directo, careció de la fundamentación apropiada, lo que fue calificado como una acción arbitraria e ilegal por parte de Boldt-Peralada.

Los cores no solo se pronuciaron sobre la comuna de emplazamiento, como ha sido la constante en otros procesos en el país, sino que también sobre el impacto de dicho emplazamiento en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), tal como lo indica la legislación.

Los dos recursos de protección que presentó la sociedad de capitales argentinos y españoles (en julio de 2014 y en junio de 2015) fueron acogidos por la justicia, lo que obligó a sendas repeticiones de la votación de los cores, pero en ambos casos fue determinante la exigencia de los tribunales de fundamentar adecuadamente su pronunciamiento.

En ellos, la recurrente sostuvo que los cores se excedían en sus atribuciones al evaluar aspectos específicos e incluso técnicos del proyecto, como el consumo energético o el riesgo de generar ludopatía entre los jóvenes, porque el emplazamiento estaba a escasos metros de una universidad, cuestiones que según los cores, contravenían lineamientos estratégicos de la ERD.

En este último fallo, a diferencia de los anteriores, la corte penquista basó su análisis no solo en la forma, sino que también en los aspectos de fondo, indicando que la votación no fue arbitraria ni ilegal, es más, señala que “supera los estándares de legalidad”, por lo que no se lesiona una garantía constitucional, y sin calificar la calidad de los antecedentes técnicos presentados por los cores para argumentar su decisión -cuestionados incluso por otros cores-, lo que hace es reconocer la potestad de este órgano político para pronunciarse desfavorablemente, atendiendo un argumento que considera válido, cual es la externalidad negativa que representaría la cercana ubicación del casino proyectado con una casa de estudios superiores.

No se puede anticipar si una apelación ante la Corte Suprema pueda tener un resultado similar, pero ante la contundencia del fallo conocido ayer, existe la posibilidad cierta de que el máximo tribunal confirme esta sentencia, y con ello, se pondría fin a un largo proceso, caracterizado por su judicialización y por acusaciones cruzadas entre los competidores.

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