El negocio de repartir agua

Por: La Discusión 10:10 AM 2017-04-15

Según el diagnóstico de las juntas de vigilancia de los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín, sus caudales están por debajo de los niveles mínimos alcanzados en la sequía de los años 1998-1999, recordada como la peor que haya golpeado la zona. 

El impacto negativo en la actividad económica de miles de agricultores es solo uno de los efectos de la escasez de agua, la que al sumarse la carencia de infraestructura adecuada para dotar del vital elemento a los habitantes de los sectores rurales de la provincia, el panorama se torna aún más crítico. 

Aproximadamente 4 mil familias en Ñuble, calculadas en 16 mil personas, son las que deben abastecerse mediante camiones aljibes y estanques acumuladores. Desde la Gobernación precisan que la Onemi tiene 63 vehículos para la distribución de agua potable en la provincia, además de 700 estanques de almacenamiento en las 21 comunas. 


Si bien la política estatal se implementó para atender una emergencia que se preveía pasajera, con el correr del tiempo la iniciativa se ha ido institucionalizando, a tal punto de convertirse en un importante mecanismo de inversión de recursos y un excelente negocio para unos pocos. En efecto, se calcula que en los últimos seis años el Estado ha invertido suma de $92 mil millones en las comunas que tienen carencias de acceso al agua potable de cinco regiones del país y los millonarios montos han sido distribuidos a un reducido grupo de proveedores, sin mediar licitaciones, sino que con asignación directa, donde más que resolver el problema de las miles de personas afectadas, el procedimiento de compra del servicio de los camiones aljibes ha permitido que empresarios aumenten sustantivamente sus ingresos. En la Región del Bío Bío, por ejemplo, en seis años dos empresas se han adjudicado contratos por $23.242 millones. 
Esta escandalosa falta de transparencia se ve agravada porque tiene como afectados a los sectores más pobres de la ruralidad provincial, que al no contar con un servicio adecuado de agua y saneamiento ahonda sus carencias al aumentar sus costos de subsistencia y disminuir su potencial de ingresos y calidad de vida. 
Es una realidad alarmante, en especial si se tiene en cuenta que cada ser humano necesita un mínimo de 50 litros diarios para beber, cocinar sus alimentos e higienizarse, sin embargo, en los sectores rurales el suministro “de emergencia” está por debajo de esa cifra, alcanzando en promedio los mil litros semanales por grupo familiar.
Finalmente, es casi obvio advertir que el remedio para las miles de familias que en Ñuble carecen de agua potable no llegará nunca si no se transparentan los recursos invertidos y se apuesta por soluciones definitivas que terminen con el lucrativo negocio de los camiones aljibes. 
El cuadro descrito debe ser visto como un llamado severo de atención al Gobierno que parece haber olvidado al sector más desprotegido del mundo rural. Tal omisión no solo contradice su pretendida preocupación por él, sino que contribuye a perpetuar un injusto destino de marginación entre los habitantes más vulnerables del campo ñublensino.

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