[EDITORIAL] Restricción al periodismo

Por: Fotografía: Agencia Uno 10:15 AM 2016-03-29

Existen variadas formas de censura. La más conocida es la censura directa, que consiste lisa y llanamente en impedir la expresión, mediante orden de no publicar un artículo periodístico. Pero existen también formas más sutiles y encubiertas de censura, aunque igualmente dañinas, que persiguen el mismo objetivo: inhibir el derecho a la información. 
Tal es el caso de la indicación aprobada recientemente en el Senado que amplía las sanciones penales a toda aquella persona que revele información reservada de una investigación judicial.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que reúne a los diarios y revistas chilenas, ha advertido su preocupación por los efectos de esta iniciativa que establece que “el que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”. Es decir: una sanción que va desde los 61 días hasta los 540 días de presidio.
La enmienda fue duramente criticada por la Asociación Nacional de Fiscales. Su presidente, Claudio Uribe, dijo la semana pasada que “hay políticos investigados y personas que financian habitualmente campañas electorales. Entonces, es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones”.
En la misma línea, el abogado Carlos Peña -rector de la UDP- fue enfático al señalar que “resulta absurdo establecer una obligación de secreto sobre un oficio, como el periodístico, cuyo deber básico es exactamente opuesto al secreto: divulgar la información que se juzgue de interés público, como es el caso de la comisión de delitos y su investigación”. Y agregó, aludiendo a los argumentos de senadores y diputados que han defendido la norma, que “es verdad que, en ocasiones, la libertad de informar de los medios puede llevar a imputaciones injustas, pero incluso si algo así ocurriera, esa responsabilidad debe ser posterior -y no ex ante-  a la información que se divulga”.
Desde el Colegio de Periodistas también se cuestionó duramente la medida. “En este escenario uno tiende a pensar que hay un interés por generar un manto de protección a políticos que están asociados a ciertos sectores”, comentó la presidenta del ente gremial, Javiera Olviares.
En tanto, el presidente de la Corte Suprema también salió al paso de la indicación. “Me parece que habría que estudiarlo bastante, porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido”, sostuvo. Hugo Dolmestch, además da en el clavo al advertir el oportunismo de la propuesta del Senado, que definió como “una legislación en caliente”, en alusión a que se legisla cuando hay hechos que impactan la agenda informativa, como son precisamente las investigaciones por corrupción en las que se acusa filtraciones de abogados y fiscales.
En rigor, no se advierte un interés público en el tipo penal que se está estableciendo, sino por el contrario, se trata de una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales. En tal sentido, el único sentido de introducir esta norma es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa que algún poderoso está siendo investigado.
Iniciativas como ésta solo dificultan el rol pendular del periodismo como equilibrio de los demás poderes, para fortalecer a la sociedad y sus valores. Es de esperar que su revisión en la Cámara permita corregirla a fin de que no dañe a una actividad que en el último tiempo ha contribuido enormemente a la transparencia de las instituciones, revelando verdades tan poderosas como incómodas para nuestra clase política.

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