Parlamento de Venezuela busca destituir a magistrados

Por: Agence France-Presse 07:50 PM 2017-04-05

La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional chavista.

En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un “golpe de Estado” contra el Legislativo, prácticamente atado de manos, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones.

Los alrededores del hemiciclo fueron militarizados, constató la AFP, luego de que el martes una protesta opositora que reunió a unas 1.000 personas degeneró en actos de violencia que según la oposición dejaron medio centenar de heridos -uno baleado- y una docena de detenidos.

La bancada opositora acordó comenzar el proceso contra los jueces, a los que acusa de haber perpetrado un “golpe” después de que fueran más lejos la semana pasada al emitir dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados.

En medio de denuncias de quiebre democrático y fuerte rechazo internacional, la Corte -acusada de servir al Presidente socialista Nicolás Maduro- anuló los fallos parcialmente el sábado.

“Nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias, el golpe de Estado no es solo contra la Asamblea, sino contra el pueblo”, dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica. 

Escasas posibiliades 
El bloque chavista llegó para la segunda parte de la sesión, cuando sus adversarios ya habían aprobado el texto que plantea además “luchar por el restablecimiento del hilo constitucional”, la realización de elecciones y la liberación de “presos políticos”. 

Las posibilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor, cercanos al Gobierno.

La fiscal general, Luisa Ortega, consideró los dictámenes de la semana pasada como una “ruptura del orden constitucional”, abriendo una fisura en el oficialismo que no suele ventilar sus discrepancias.

Pero para que el Poder Moral declare que los magistrados cometieron una “falta grave” se requiere el voto de al menos dos de sus tres integrantes.

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