Obras que son amores y buenas razones

Por: Renato Segura 2017-04-03
Renato Segura

A partir del año 1994, las concesiones en infraestructura permitieron al país tener la estructura mínima de conectividad que las altas tasas de crecimiento económico de la época demandaban. Bajo un mecanismo de alianza público–privada, las carreteras y rutas de Chile comenzaron un inédito proceso de modernización y mejoramiento de sus estándares de calidad.

La gestión integrada del proceso de construcción, operación y mantenimiento de las rutas concesionadas, generaron importantes disminuciones de los costos a lo largo de la vida de los proyectos. En aquellos tramos concesionados, donde la licitación fue competitiva, dichos costos menores se tradujeron en importantes ahorros para los usuarios y la sociedad.

A más de 20 años de iniciado el proceso, los nuevos estándares que se les exige a las carreteras concesionadas han modificado sustancialmente los términos en los cuales se establecen los nuevos contratos. En las vías ya concesionadas, de antigua data, pero con vigencia contractual, se ha requerido realizar intervenciones mayores que permitan homologar la calidad y seguridad de las carreteras a los requerimientos actuales.

Para salvar dicha situación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dispone del Decreto 259 que permite modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios concesionados.

En esta etapa se encuentra la Ruta 5, en el tramo Talca–Chillán. Se requiere implementar obras para mejorar la seguridad del cruce de peatones, que no fueron consideradas en el diseño original, porque no se justificaban o porque no se tuvo la visión suficiente de prever cambios en el entorno que auguraban el incremento del riesgo de accidentes fatales en peatones y usuarios de las carreteras.

La actual estadística es insostenible. En la ruta concesionada en comento ocurren en promedio 450 accidentes al año, con alrededor de 60 fallecidos. El 50% ocurre por la insuficiente infraestructura para la seguridad de peatones, tales como pasarelas, paraderos, calles de servicio y mallas antivandálicas; déficit que es posible constatar en los 59 kilómetros del tramo de la pista que atraviesan la Provincia de Ñuble.

El MOP, amparado en el citado decreto 259, ha dado señales concretas de tener la voluntad para modificar el contrato en beneficio de la infraestructura que el interés de la comunidad de Ñuble necesita. Si el hecho de disponer de la infraestructura, permite salvar al menos una vida, entonces se justifica plenamente el perseverar en los actuales esfuerzos que tanto el Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de mandante, como la empresa concesionaria, en su calidad de ejecutante, deben realizar.

Con una inversión de US$25 millones, se resuelven las deficiencias en la conectividad peatonal y de infraestructura de seguridad vial, que le está costando a Ñuble la pérdida de vidas humanas que son evitables. Estando las partes (MOP y Concesionaria) de acuerdo en la necesidad de realizar dicha inversión, la ciudadanía de Ñuble espera que, este tipo de obras que son amores y también buenas razones, se concreten lo más rápido posible. 

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