Controversia por norma que sanciona filtraciones con cárcel

Por: Agencias Fotografía: Agencia Uno 08:25 PM 2016-03-28

En toda una polémica se transformó un proyecto de ley que se discute en el Senado que busca sancionar con cárcel eventuales filtraciones de procesos judiciales.


Hasta ahora el artículo 182 del Código Penal dispone que “los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligadas a guardar secreto respecto de ellas”.


En cambio, la indicación agregada por el Gobierno y firmada por el ministro del Interior, Jorge Burgos, establece sanciones para cualquier persona: “El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”.


Según la norma, aprobada en el Senado, tanto abogados, como testigos, y todos los intervinientes de una investigación arriesgarían prisión al divulgar antecedentes de procesos penales.


Lo anterior fue catalogado de “aberrante” tanto por organismos de la Justicia, como por organizaciones pro transparencia y el Colegio de Periodistas porque atentaría contra la libertad de expresión e información. 


“Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.


Para el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, esta indicación es un intento de autoprotección de la clase política.


“Es un grupo de poderosos cuidándose a sí mismos, amenazando una cuestión que es fundamental para la vigencia misma del Estado de derecho como es la libertad de información y la libertad de expresión”, indicó el persecutor.


El economista Eduardo Engel, quien presidió el año pasado la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, afirmó que “la Agenda de Probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a las filtraciones, por lo cual me opongo a la legislación propuesta, que, en los hechos, inhibe la labor periodística”.


En contraste, el senador PPD Felipe Harboe, quien defiende la polémica normativa incluída en la agenda corta antidelincuencia, aseguró al vespertino La Segunda que la indicación no se aplicaría a los medios de comunicación, “sino que está circunscrita exclusivamente a las declaraciones secretas del Ministerio Público” y su colega socialista Alfonso de Urresti señaló que “no pondría el problema en la prensa”.

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