Corte de Concepción verá indemnización a víctimas del tsunami

Por: Felipe Ahumada 07:45 AM 2016-03-28

Hasta fines de 2015, la demanda en contra del Estado, interpuesta por los familiares de dos de las víctimas fatales del tsunami de 2010, en Dichato, el profesor León Ortiz y su hija Valeria, ambos de Chillán, era una de las que estaban dentro del 20% de esas mociones judiciales que habían sido acogidas por los tribunales.

A través del abogado que representa la causa, el penquista Fernando Saenger, se hizo público que la pretención monetaria de la demanda alcanzaba los 100 millones de pesos.

Esto, conforme a que el Tercer Juzgado Civil de Concepción acogiera los argumentos de los demandantes en relación a que el docente y su hija pudieron haberse salvado si no fuera porque la Onemi y el intendente de la época, Jaime Tohá, descartaran la posibilidad de un tsunami en las costas de la zona.

Sin embargo, la cancelación de ese pago podría verse entrampado puesto que esta semana la Corte de Apelaciones de Concepción revisará un recurso en contra de esta solicitud, por parte del Consejo de Defensa del Estado.

El tenor de lo que podría debatirse esta semana en el tribunal de alzada penquista lo adelantó el propio Saenger a Radio Bío Bío, asegurando que lo más probable es que “la discusión que se va a llevar en la Corte es si la falta de servicio es del intendente o del organismo técnico que le comunica esto y en este caso fue la Armada, que a las 04.55 horas, aproximadamente,  (de la madrugada del 27 de febrero) comunica a la Onemi que se cancelaba la alerta de tsunami.

Ante el escenario que la Corte de Apelaciones penquista falle en favor de la tesis del CDE, Saenger advirtió que el camino sería acudir a la Corte Suprema, teniendo como antecedente a favor el que ya existe una condena penal ejecutoriada en contra de quien en ese minuto fuera el jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Onemi.

En concreto, si de las 39 demandas presentadas en contra del Fisco por esta causa, sólo se ha fallado a favor de cuatro de ellas, apenas una de esas causas tramitadas vía tribunal civil llegó a pago.

Se trata de la muerte de un hombre de Talcahuano, cuya familia recibió $55 millones, luego que se acreditara que las heridas que le causaron la muerte mientras era atendido en el Hospital Las Higueras, de Talcahuano, le fueron causadas mientras fue arrastrado por las olas durante el tsunami.

Difícil camino judicial
El 79% de las querellas presentadas por las familias de las víctimas del tsunami fueron presentadas en Talca, Valparaíso, Concepción, Talcahuano y Chillán.

Si en cuatro de ellas se falló en contra del Estado, en otras cinco las causas se suspendieron tras la declaración de incompetencia de los respectivos juzgados de Garantía y en otras dos causas se puso término por abandono de los demandantes.

Uno de los factores más comunes en quienes se han visto en la obligación de renunciar a las causas es la falta de pruebas constatables para poder generar convicción más allá de toda duda razonable en contra de una posible negligencia por parte del Estado en la muerte de las víctimas del tsunami.

En Chillán, al menos, aún queda por definirse la demanda que pretenden los familiares de las hermanas Nancy y Eliana Lema, quienes son representadas por el abogado Alfredo Morgado, quien ha tenido que lidiar con los recursos de inaplicabilidad interpuestas por el CDE y otras trabas como suspensiones de audiencias o anuladas posteriormente por la Corte de Apelaciones.

Comentarios