Mujer de 62 años,la primera locataria del mercado en perder concesión

Por: Felipe Ahumada 08:10 PM 2017-03-16

Inspección Municipal ya comenzó a poner en práctica lo que anunció hace algo más de un mes en la plazoleta Sargento Aldea de Chillán: El locatario que no abra sus puestos en un plazo de 30 días, perderá su permiso.


La medida, que tiene por objetivo cumplir con la nueva ordenanza que pretende evitar que los arrendatarios  utilicen los locales como bodegas y que no hagan uso de su giro comercial, ya tiene a sus primeros sancionados, quienes desesperados buscan ahora alguna manera legal para revertir la sanción.


Uno de esos casos es de Gabi Andía, concesionaria del local 197 en el costado de Arturo Prat, quien lo utilizaba para la venta de ropa y zapatos usados.


“Yo tengo la concesión desde 1986, pero por un asunto de enfermedad de mis huesos que me derivó en una artrosis, desde 2007 que lo voy abrir solo en forma esporádica”, admitió la vecina del sector Huambalí.


La comerciante asegura que desde hace un par de años que ha buscado que el municipio le renueve la patente, pero que por esta intermitencia “no me la han querido renovar y ahora me la quitaron”. Sugirió que la sanción busca favorecer al “amigo” de un funcionario municipal, quien será quien ocupe el local en adelante.


Gabi Andía reveló que intentó judicializar el caso en 2016, pero que el caso lo perdió en tribunales. “Desde ahí, he tratado de que el alcalde (Sergio Zarzar) me reciba, pero no ha pasado nada. Esta es la única fuente de ingresos que tengo y ya con 62 años no sé qué voy a hacer”.


Casi 50 locales en riesgo
A través de la unidad de Comunicaciones del municipio apuntaron sobre el caso de la señora Gabi Andía que “la causa se encuentra radicada en el Juzgado Civil de Chillán, estando el municipio a la espera de la notificación de la sentencia de primera instancia”.


Aclararon, además, que para que casos como este no se repitan se dio un ultimátum el pasado 1 de marzo, el que establece un plazo de 30 días para aquellos concesionarios que no estén trabajando en estos casi 50 locales asignados, pero sin actividad.


“Al ser los locales un bien nacional de uso público, es la municipalidad la que los administra y la idea es dárselos a quienes los trabajen”, señalaron.

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