Recurso presentado al TC paraliza causa en contra de Sergio Bustos

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Víctor Orellana N. 08:30 PM 2017-03-15

Paralizada quedó una causa por violación a los derechos humanos en la que aparece el chillanejo Sergio Bustos Baquedano, el además denunciante del polémico caso Caval, como uno de los imputados por la muerte del mirista Rolando Angulo Matamala.


Lo anterior luego que otro de los imputados por este homicidio presentara a través de sus abogados un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.


Bustos Baquedano es el nombre que se repitió por meses en todos los medios tras denunciar a Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Bachelet, por la venta de terrenos en Machalí, caso que derivó en la salida de La Moneda de Sebastián Dávalos, el hijo de la Mandataria.


El recurso se basó en la supuesta inhabilitación de la Corte de Apelaciones de Chillán para continuar con la tramitación de la causa, en virtud del reciente acuerdo  zanjado por la Corte Suprema de reunir todos los casos de Derechos Humanos en solo cuatro tribunales del país, acuerdo que significaba que las investigaciones del ministro de la Corte chillaneja, Claudio Arias, quedaban en mano a partir de entonces, del ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción.


La abogada representante de la Agrupación de Derechos Humanos, Patricia Parra explicó a LA DISCUSIÓN  que “lo que pasa es que esta causa era tremendamente importante y estaba ya muy avanzada, además como en ninguna otra causa habíamos logrado reunir tanta evidencia concluyente y confirmada de la  existencia de este grupo de Colonia Dignidad y ligado al movimiento Patria y Libertad, que participó en la tortura y homicidio de cuatro personas”.


Uno de estos casos se relaciona con Rolando Angulo, “que es el caso en que el señor Bustos Baquedano tuvo participación”, apuntó la abogada.


Según la carpeta de investigación, Bustos junto a otro grupo de ñublensinos, entre ellos empresarios, comerciantes y dueños de fundos, principalmente de la ciudad de San Carlos, habría colaborado  facilitando dinero, vehículos y otros medios “para que se perpetraran estos crímenes. Además se estableció que Bustos Baquedano era el jefe de la brigada de inteligencia civil que comandó estas muertes”, acusó la abogada.


Patricia Parra agregó que si la Corte revoca la resolución del ministro Arias y decreta que se deje sin efecto el autoproceso, “vamos a presentar una queja a la Corte Suprema”.

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