Código de Aguas

Por: La Discusión 08:50 AM 2017-03-04

Actualmente se discute en el Parlamento una controvertida reforma al Código de Aguas impulsada por el Gobierno que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora enfrentará su tramitación en el Senado.


La inciativa, resistida por organizaciones de regantes y de agricultores, propone cambiar el régimen jurídico de los derechos de aprovechamiento de agua con el objetivo de enfrentar el nuevo escenario de escasez con un marco moderno y una administración eficiente con una institucionalidad fortalecida, que asegure el vital elemento para el consumo humano, y fundamentalmente, que asigne prioridades de uso, a partir de la premisa de que se trata de un bien nacional de uso público.


Respecto del régimen jurídico, materia que ha concentrado la mayoría de las críticas, el proyecto propone establecer la caducidad y la temporalidad de los nuevos derechos que se asignen, sin embargo, los regantes afirman que también tendría un carácter retroactivo, lo que es calificado por los gremios como una expropiación encubierta de sus derechos, que en la actual legislación tienen el mismo estatus de la propiedad sobre la tierra. Por esta razón, el argumento más fuerte de los críticos es su supuesta inconstitucionalidad, ya que despojaría de derecho de propiedad consagrado en la Constitución.


Y si bien desde el Gobierno han señalado insistentemente que no se tocarán los derechos ya otorgados, gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Asociación de Agricultores de Ñuble, así como las organizaciones de usuarios de agua, han planteado que la reforma sí tiene en la práctica un carácter retroactivo y que además, perjudicaría directamente a pequeños propietarios que no tienen inscritos sus derechos.


En el Senado, sin embargo, pareciera que la tramitación no será fácil para el oficialismo, pues de hecho, algunos parlamentarios DC han manifestado sus aprensiones por la eventual impugnación de la Ley - si se aprueba tal como está- ante el Tribunal Constitucional.


Lo anterior ha llevado al Gobierno a buscar un acercamiento para buscar una salida decorosa, al punto que los ministros de Agricultura y de Hacienda han expresado su disposición a discutir sobre el estatus de los derechos de agua, una apertura que en los gremios califican como insuficiente, pues desde su perspectiva, la reforma tiene un corazón ideológico que intenta entregar al Estado el control total del agua.


Lo que resulta lamentable de esta discusión es que se está perdiendo la oportunidad de mejorar la gestión del recurso en un nuevo escenario de cambio climático, donde es necesario revisar el grave problema de la especulación y establecer una priorización de usos, ya que en algunos cauces las empresas mineras han hecho una sobreexplotación sin la adecuada regulación y en otras zonas las hidroeléctricas se han aprovechado de los privilegios de la Ley Eléctrica.


Claramente, el Código de Aguas requiere modernizarse para adaptase, requiere de un regulador con más facultades y recursos para hacer cumplir la ley sin convertirse en un obstaculizador de las inversiones, requiere de medidas que desincentiven la especulación y fundamentalmente, requiere de cambios que permitan asignar una adecuada priorización que asegure la disponibilidad para consumo humano.


Lo que ocurrió, sin embargo, fue el aprovechamiento político de algunos sectores para convertir al Código de Aguas en una herramienta que busca aumentar el tamaño del Estado porque “el agua es de todos”, sin conocer las múltiples realidades en las distintas zonas geográficas y climáticas del país, y con una deficiencia técnica vergonzosa en la discusión parlamentaria, que se expresó, por ejemplo, en las indicaciones sobre caudal ecológico copiadas de legislaciones de otros países con una realidad muy distinta.

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