600 regantes analizaron de manera crítica la reforma al Código de Agua

Por: José Luis Montes Fotografía: Mauricio Ulloa 09:25 PM 2017-03-04

Unos 600 agricultores pequeños y medianos llegaron a la reunión informativa convocada por las juntas de vigilancia de los ríos matrices de Ñuble, la Asociación de Agricultores y las cooperativas CAR y Copelec, en la medialuna de Chillán, para conocer la situación actual de la Reforma al Código de Aguas, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que hoy se analiza en el Senado. La gran conclusión de la actividad es que según los expositores, hay un problema de insconstitucionalidad conocido por todos los sectores en la propuesta, que de persistir podría provocar graves problemas.


Hubo tres ponencias previas al debate, la del abogado Diego Castro, la del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, y la del titular de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, que  analizaron el tema desde distintas aristas. 


Castro hizo una exposición más técnica, larga y detallada, mientras que los otros expositores dirigieron más sus razonamientos al tema de la constitucionalidad de la legislación, redactada por los diputados.


Diego Castro, que lleva años en el tema y es además agricultor y regante, comentó que por los anuncios de la Presidenta de la República se crearon expectativas en los regantes y otros sectores de que la legislación se hiciera cargo de los temas que se vienen para los próximos 100 años y no a los 50 años pasados. Explicó que no están considerados aspectos básicos en la propuesta inicial, como cambio climático, reglamentación de uso de glaciares y campos de hielo, normativa sobre uso del agua de mar, devolución a los regantes de aguas servidas, y el tema del agua subterránea que hace 30 años no era tema pero que hoy si. “La gran reforma nunca llegó”, expresó.


Luego explicó que la nueva legislación en estudio propone que el derecho de uso de agua deje de ser perpetuo como la propiedad de otros bienes (casas, autos, tierra), para pasar a ser una consignación por un período de años, que además esté expuesta a restricciones y caducidad.  También del derecho del Estado a reservar derechos de agua, que no cuestionan siempre que se dimensione el tamaño de estos.


Criticó una dependencia desinteligente de la DGA, como la necesidad de pedir autorización para obras como “patas de cabra”, que las organizaciones de regantes vienen haciendo en forma centenaria y eficiente.  Lo mismo con manuales de procedimiento de esta entidad, que pueden llevar a absurdos.


Además manifestó que se trata de una “mala ley”, porque tiene mala técnica legislativa, ya que se topa con otras normas vigentes; generaliza situaciones singulares y en muchos casos es inconsulta.  Contempla la posibilidad de conceder derechos sobre ríos agotados, situación que afecta a todas las cuencas del norte del país. La ley contempla esto sin explicar como va a afectar los derechos constituidos. Se basa mucho, a juicio de Castro,  en premisas infundadas. 


Respecto a la especulación, que es otro punto que se quiere reparar, precisa que los agricultores no especulan con sus aguas, que este es un tema de los que tienen derechos no consuntivos, los que constituyeron derechos para energía u otros fines, con objeto de venderlos después.  “Eso lo hizo la Dirección General de Aguas, pero el pato lo pagamos todos. Me parece que no corresponde”, expresó.


Insistió que el cambio de  que los usuarios de agua pasan a ser “titulares” en lugar de “propietarios”, no es semántico, sino que modifica la realidad de la propiedad de los derechos. 


Al final de la intervención hizo  una serie de proposiciones, referidas a como solucionar los problemas que observan los regantes, a fin de enmendar las normativas y sacar adelante la legislación, evitando conflictos.


INCONSTITUCIONAL
Fernando Peralta enfocó su intervención en la inconstitucionalidad de la lesgislación aprobada por los diputados y en estudio por los senadores. Precisó que la modificación constitucional que se estaba planteando para adecuar los artículos inconstitucionales no prosperó y que todos los sectores que están en el tema tienen claro que si hay problemas de este tipo, las normas van a ser inaplicables y va a crear conflictos y juicios indeseados.


Patricio Crespo, timonel de la SNA, también se enfocó en explicar el tema de la inconstitucionalidad, para lo cual dio cuenta de estudios jurídicos realizados por especialistas para la Sociedad Nacional de Agricultura:  “No es legal caducar ni extinguir derechos de propiedad, solo se pueden expropiar”. En este caso, dijo que se trató de saltarse el tema de la expropiación y de pago, lo que no es correcto.


“En Chile los derechos adquiridos pasan a ser patrimonio de sus dueños. Aunque se modifique la Constitución y borre la propiedad sobre el agua, deben ser expropiados y pagados. No sirve cambiar la Constitución. Si eso se hace, significa tener que pagar a los dueños de los derechos al menos  17 mil millones de dólares”, afirmó Crespo.


Al final de la reunión la dirigenta Margarita Letelier llamó a los agricultores y regantes a participar en otras instancias para oponerse a la reforma, como por ejemplo la reunión que se realizará el 10 de marzo en la Región del Maule.

INCIDENTES
Durante el debate a micrófono abierto ocurrieron dos situaciones tensas, como cuando una agricultora se refirió a una apropiación indebida a su juicio, de derechos de agua adquiridos de un río en el Carmen, acusando a Guillermo Martínez de la CAR que conducía el debate. El mismo tuvo que poner una moción de orden.


El otro fue de una dirigenta vecinal y de derecha que increpó al presidente de Copelec Manuel Bello, señalando que usaba la instancia como plataforma para su candidatura a diputado por el PPD. Bello respondió que estaba como representante de las cooperativas del sur y no como político, instándola a llevar su debate a otro escenario y momento, porque en el tema de las aguas había que sumar voluntades.

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