“Esperamos un acuerdo para mejorar el proyecto”

Por: Roberto Fernández Fotografía: Fernando Villa 10:00 PM 2017-03-02

Convencido de que el controvertido proyecto de reforma al Código de Aguas que entró a su segunda tramitación legislativa en el Senado “se puede mejorar” y que se logrará un acuerdo con el Gobierno en un texto que genere consenso con los regantes se mostró el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, quien hoy será el principal orador en la asamblea informativa de regantes que se realizará en la medialuna de Chillán y que es organizado por CAR Ñuble, Copelec, la Asociación de Agricultores de Ñuble y las organizaciones de usuarios de agua de la Provincia.


Crespo reiteró que el proyecto, tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados recientemente, es inconstitucional y expropiatorio, porque cambia el régimen jurídico de los derechos de agua, “transformando a sus propietarios en meros arrendatarios”.


El dirigente gremial expuso que “una cosa es contar con los votos en el Parlamento, pero otra muy diferente es la constitucionalidad del proyecto, que de aprobarse tal cual está, tendría que ser visto por el Tribunal Constitucional”, argumentando que en la Constitución Política está consagrado ese régimen jurídico de los derechos de agua, como derechos de propiedad que no pueden ser caducados o extinguidos, salvo por la expropiación, “y nosotros estimamos que expropiar los derechos de agua significaría desembolsar unos 17 mil millones de dólares por parte del Estado”.


Mejorar el proyecto
“Yo espero que los senadores, y así lo he ido constatando, van tomando conciencia de los problemas de constitucionalidad que tiene, que son obvios, y en esa línea, darle la oportunidad al Senado para que enmiende la situación y lleguemos a una solución, dentro del marco de la Constitución, que apunte a mejorar la situación en general de la adminstración de los recursos hídricos”, manifestó Crespo.


Consultado por la posibilidad de eliminar el carácter retroactivo como parte de un acuerdo con el Gobierno, el timonel de la SNA fue tajante en afirmar que “el problema es que el hilo conductor del proyecto es el cambio de la naturaleza jurídica de los derechos de agua, que es el mismo que tiene la propiedad de una casa, que es un derecho real, perpetuo, que te permite usar, gozar y disponer de él sin limitaciones, y forma parte de tu patrimonio; pero el proyecto, sin indeminizar, busca transformarte en arrendatario, por un plazo y con una serie de limitaciones”.


En ese sentido, consultado por los acercamientos entre el Gobierno y la SNA que plantean cambiar el régimen jurídico solo de los nuevos derechos que se otorguen, el dirigente expuso que esa idea está descartada, porque generaría una discriminación y contraviene la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución. “No pueden existir ciudadanos que sí tendrán propiedad sobre sus derechos, y ciudadanos de segunda que recibirán estos nuevos derechos precarios, como es el caso de todo el Sur de Chile, como un arrendamiento a 30 años”, subrayó.


Crespo explicó que la naturaleza jurídica de los derechos de agua está consagrada en la Constitución, lo que tiene su origen en la necesidad de dar certeza jurídica a los agricultores para reactivar las inversiones luego del impacto que significó la Reforma Agraria. Y añadió que según una agencia internacional de corretaje, el derecho al agua define el 66% del valor de la propiedad. “Si tú le quitas certeza jurídica del agua, se pierde por lo menos la mitad del valor patrimonial de la tierra”, enfatizó, adviertiendo el impacto que eso tendría en materia financiera.


Frente a ello, expuso que el proyecto tiene muchos aspectos positivos que se pueden rescatar, como las medidas tendientes a desincentivar la especulación, las mayores facultades para la DGA o las priorizaciones de uso.


El problema del agua
“La solución al problema del agua en Chile no está en el Código de Aguas (...) Esta ley no va a arreglar nada, es una ley ideológica que apunta a un propósito propio de la concepción gobernante, del Estado muy presente, con control social, porque el que tiene el control del agua tiene el control político”, aseguró Crespo.


En esa línea, el dirigente apuntó que la solución al problema del agua pasa por invertir en obras de infraestructura, como los embalses, y en tecnificación del riego, para hacer un uso más eficiente del agua.


Finalmente, criticó el “manejo inescrupuloso” que se hizo del problema del agua para consumo humano para levantar esta reforma al Código de Aguas, y aseveró que dicho problema tiene que ver con la profundidad de los pozos de agua potable rural y el agotamiento de los acuíferos subterráneos en un contexto de crisis hídrica, pero destacó que el 5% del agua que se utiliza se destina al consumo humano y solo el 1% del agua disponible.

Comentarios