Escaso interés de ediles de Chillán por transparentar sus audiencias

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Mauricio Ulloa G. 08:25 PM 2017-02-25

La ley del Lobby, que busca transparentar los actos de las autoridades, no ha tenido en el ámbito local la repercusión que se esperaba dado que la información que se maneja es escasa y no da cuenta de todas las acciones desempeñadas por quienes detentan el poder local en el ejercicio de sus funciones.


En el caso de la Municipalidad de Chillán, la plataforma disponible para registrar los actos de los funcionarios que son sujetos pasivos y concejales, es más bien escasa en datos a pesar de que se supone que en forma permanente representantes sociales, empresarios, dirigentes y personeros de diversas entidades locales y nacionales interactúan con ellos.


El lobby según la legislación, “es una actividad política intrínsecamente legítima y potencialmente beneficiosa pero que debe ser regulada debido a su posible efecto sobre la integridad del proceso de toma de decisiones. Es legítima porque en sociedades democráticas, abiertas y plurales las personas y grupos tienen derecho a organizarse y a hacerle saber a la autoridad sus intereses y preferencias en todo orden de materias; y es beneficiosa porque la información que aportan los grupos de interés a la autoridad y al proceso de discusión de una ley o decisión pública, puede ser en sí mismo de gran valor”.


Por su naturaleza debe ser regulada en el entendido que las personas que ejercen el lobby (directo o a nombre de terceros) tiene intereses concretos y además están en una posición privilegiada para influir en los tomadores de decisiones públicas.


Por ello la normativa establece que en el caso local el alcalde y algunos jefes de departamentos deben registrar todas las reuniones que sostengan con personas de la sociedad civil, lo mismo que concejales. Pero esto ocurre principalmente con el jefe comunal y algunos de sus asesores pero no con los ediles.


En el caso del alcalde y el jefe de Obras Flavio Barrientos existe una nutrida agenda de reuniones plasmadas en la página del Ley del Lobby, donde constan movimientos desde el año 2015 hasta la fecha.


Durante el 2015, sin embargo, ningún concejal subió información sobre sus reuniones y durante el año pasado solo lo hicieron Nadia Kaik y Víctor Sepúlveda, pero con solo una cita cada uno, mientras que en lo que va de 2017 nadie ha dado a conocer sus actividades.


Víctor Sepúlveda reconoce que la normativa en el nivel municipal ha venido a complejizar la relación entre la civilidad y los ediles pues “se habla de regular a los lobbistas pero nosotros no atendemos a sujetos con intereses de organizaciones sino que a los vecinos que quieren por ejemplo saber como acceder a ayudas sociales”.


Patricio Huepe, en tanto, destaca que “llevo una agenda con todas las personas que me visitan pero no he subido ninguna de ellas a la página de la ley del lobby pues no son empresarios ni personas que respondan a intereses de grupos económicos”.


Razonamientos similares presentan otros ediles que no dejan huella de sus reuniones con dirigentes vecinales de la ciudad en el soporte tecnológico. No obstante, el ingeniero civil Luis Díaz Acuña, experto en temas municipales, plantea que “los concejales están para fiscalizar al alcalde y no son asistentes sociales. Ellos deben anotar a quienes van por ayuda pues sus interlocutores pretenden un interés personal y puede estar el voto de por medio”.


Agrega que la actual ley debiera ser reformulada en el futuro con la finalidad de incluir no solo al alcalde, al secretario municipal, y a los concejales sino que también a directores de Secpla y de la Dideco quienes no tienen la obligación de exponer sus audiencias.


Capacitaciones 
Lo que si ha quedado registrado son las capacitaciones en las que han participado los concejales en otras ciudades del país y las salidas a terreno fuera de los límites de la comuna.


Desde esta perspectiva, durante el año 2016 hubo al menos cuatro grandes seminarios de capacitación desarrollados por entidades privadas o ligadas a la Asociación Chilena de Municipalidades, alguna de las cuales tuvieron costos elevados para las arcas municipales.


La más cuantiosa de todas ellas fue una capacitación desarrollada en febrero de 2016 para dar a conocer la Ley Auge, donde los ediles accedieron a viáticos particulares de hasta $351.330 y pasajes por unos $95.854. En tanto, la inscripción a este curso que duró varios días fue de $549.000 por persona.


Otro curso relevante fue en Pucón a fines del año pasado y cuya inscripción personal llegaba a los $380.000, en tanto que cada viático llegó a los $362.572.


Juan López Cruz manifestó que “al alcalde nos apoya en todas las capacitaciones, pero hay que dejar constancia que nosotros salimos muy poco, sobre todo durante el año pasado”.

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