Inversión territorial

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Cuando Chile ingresó al selecto grupo de países que se reúnen bajo el alero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tuvo que abrir sus puertas para revelar su estado en materia económica y social lo que significó, entre otras cosas, mostrar el enorme desequilibrio en el desarrollo territorial. De hecho, los estudios fueron claros en señalar que las regiones no han podido utilizar plenamente sus recursos y advirtieron que dicha realidad limita la capacidad de crecimiento del país. 

Para enfrentar esta realidad, la política pública se abocó al reconocimiento de las ventajas comparativas de cada región, para reactivar el sistema productivo, como eje estratégico para su desarrollo. Es así como las regiones del país acometieron impulsar una agenda de innovación y desarrollo productivo con un claro sesgo hacia la especialización. 

En el caso de la Región del Bío Bío, para el período 2008–2012 declaró tres sectores prioritarios para desarrollar su matriz productiva: Alimentario, Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Turismo. 

Posteriormente, junto con el cambio de la coalición gobernante en marzo de 2010, se entregó a la comunidad el Plan Región del Bío Bío 2010–2014 cuyos principales ejes, en sintonía con la agenda anterior, se orientaron hacia la innovación, fortalecimiento de la Mipyme, atracción de inversiones, fortalecimiento de la cadena agroalimentaria, aumento de superficie de riego, y mejoramiento de carreteras y de la oferta y promoción turística. 

Finalmente, en la actual administración se planteó una carta de navegación con un horizonte mayor, de 15 años, recoge los principales aspectos de sus antecesoras y adiciona un factor transversal a las diferentes áreas, como es la sustentabilidad ambiental de programas y proyectos de inversión. 

Sin embargo, para que todas las iniciativas de ésta y las anteriores estrategias de desarrollo no queden solo como buenas intenciones en el papel, se requiere además de identificar los sectores prioritarios para el desarrollo de la actividad productiva, contar con herramientas de coordinación eficientes para la inversión territorial, tarea aún pendiente y que requiere comprometer el trabajo legislativo. 

En este sentido, al menos dos son los vectores en los que se debe avanzar. En el ámbito de inversión pública, se requiere implementar modelos de convenios de desempeño para hacer más efectiva la gestión de los gobiernos regionales. Para que dichos modelos cumplan adecuadamente con su cometido, el Legislativo debe dotar a las regiones con una institucionalidad autónoma para las etapas de negociación, seguimiento y control de cada propuesta de inversión territorial que de origen a un convenio de desempeño. 

En el ámbito privado, las ineficiencias producidas por la alta concentración productiva regional se transmite a través de los precios, afectando gravemente la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Para enfrentar esta realidad, el legislador debe dotar a las regiones con una institucionalidad que permita un arbitraje de precios en igualdad de condiciones entre compradores y vendedores, cuando los precios transmitan las imperfecciones o fallas en el mercado. 

Una vez que las regiones del país dispongan de herramientas legales e institucionales para una efectiva y eficiente gestión descentralizadora, la especialización productiva del territorio llevará a la futura Región de Ñuble a un viaje sin retorno hacia el pleno aprovechamiento de sus recursos y potencial.

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