Labocar demuestra intencionalidad en incendio de Santa Cruz de Cuca

Por: Felipe Ahumada 07:00 PM 2017-02-11
Las estadísticas de Conaf demuestran que solo en la provincia de Ñuble, en los últimos cinco años se registra anualmente un promedio de 583 incendios forestales, concentrándose la enorme  mayoría entre noviembre y abril, con una evidente alza entre los meses de enero y febrero.
 
En contraste,desde la implementación del sistema procesal penal vigente, en 2003, apenas ha habido dos personas detenidas y condenadas por estos hechos, muy poco, además, si se pretende establecer un patrón conductual que nos permitan entender y perfilar las motivaciones tras  estos ataques.
 
Los dos causantes fueron Manuel Padilla Betanzo, de entonces 38 años, quien con un encendedor generó cuatro focos de fuego que terminaron por consumir 22,8 hectáreas en el sector del Arenal de Quillón, el 23 de febrero de 2016.
 
El otro caso conocido se relaciona con un caso emblemático, el del megaincendio de Quillón y La Florida entre diciembre de 2011 y enero del 2012, y que destruyó 25 mil 100 hectáreas, dejó daños por 200 millones de dólares en la Planta de Celulosa Arauco, terminó con la vida de decenas de animales y, lo peor de todo, significó la muerte del vecino del sector, Juan Campos Bello, de 71 años. 
 
El autor, Carlos Cifuentes Cifuentes, de 37 años y quien a diferencia de Manuel Padilla, jamás admitió ser el causante de estos incendios, debiendo ser la investigación comandada por personal de la PDI la que mediante evidencia biológica y testimonial le permitió a los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán llegar a la convicción de su autoría en los siniestros.
 
Mientras Padilla recibió una condena de 3 años y un día de cárcel (pena remitida), Cisternas Cisternas recibió una pena de 5 años y un día y otra de 540 días, razón por la que es el único que fue privado de libertad.
 
Por los incendios que afectaron a Ñuble entre los últimos días de enero y las primeras semanas de febrero, hay cuatro detenidos, pero la única que quedó en prisión preventiva fue  Analía Pacheco Ramírez quien confesó haber iniciado intencionalmente el siniestro registrado en Yungay.
 
Motivaciones tras los incendios
Hasta el momento, el Ministerio Público ha dicho que si bien se ha interrogado a los detenidos, no habría vinculaciones entre ellos, “es más, ni siquiera se conocían entre sí”, diría a este medio el fiscal regional (s) Pablo Fritz, quien de esta manera, descarta el terrorismo ideológico como posible móvil.
 
Pero tampoco se ha hecho público las motivaciones manifestadas por los detenidos.
 
Las teorías son múltiples. “Creo que acá hay negligencia por parte de las empresas eléctricas que no han hecho mantenciones a sus instalaciones, por lo que varios vecinos me han dicho que es normal que los cables caigan al pastizal y produzcan estos focos”, postuló el alcalde de Quirihue, Richard Irribarra, como su principal hipótesis.
 
En el caso del reo Carlos Cisternas Cisternas, fue personal de la PDI que hizo la investigaciones quien presentó una declaración testimonial hecha por su madre (María Cisternas) y que aseguraba que “esto es habitual entre los obreros forestales, porque si queman los predios la empresa los vuelve a contratar para que siembren de nuevo y así aseguran pega para el año”.
 
Si bien tal declaración fue objeto de desacreditación por parte de la defensa, la PDI agregó en sus escritos que la mujer vio llegar en la noche en que arrancó el fuego, en 2011, a su hijo quien despedía un fuerte olor a fuego, por lo que le habría dicho “¿Otra vez andas en lo mismo, Carlos?”, dejando entrever rasgos de piromanía en el imputado.
 
Sería un peritaje del Servicio Médico Legal el que demostraría que, en efecto, Cisternas (quien además es analfabeto) presentaba una discapacidad intelectual leve y con rasgos de piromanía.
 
Respecto al que fue causado por Padilla Betanzo, la fiscalía regional comunicó que “el acusado inició el fuego en un predio de un tío por problemas familiares que tenía con éste por la propiedad del terreno, versión que mantuvo durante toda la investigación”. 
 
Negligencia e intención
A partir de esta semana, Carabineros dispuso que personal del Labocar comenzara a realizar los peritajes en las zonas incendiadas a fin de comprobar su origen.
 
“Antes habría sido imposible realizar los peritajes porque los focos seguían activos”, comentó el teniente Jorge Cares, del Labocar de Concepción.
 
Cares confirma que ya obtuvo resultados en tres puntos de Ñuble con diferentes conclusiones.
 
“En dos de ellos, ambos ocurridos en Pemuco, descubrimos que se iniciaron debido al desprendimiento de cables de alta tensión, y esto producto de la falta de mantención del ciruito por parte dela compañía eléctrica”.
 
Mientras que en el siniestro que afectó a gran parte de Paso Ancho, en Santa Cruz de Cuca, “planteamos una hipótesis de intencionalidad, ya que se encontraron piras y parafina en el lugar”, zanjó el teniente.
 
El cartel del fuego
Pero sin dudas, la tesis que más revuelo ha cobrado en los últimos días surge luego que el canal Megavisión denunciara que Conaf y la Onemi podrían estar envueltas en casos de cohecho, soborno y prevaricación luego que se demostrara que contrató en forma directa y por licitación a tres empresas españolas dedicadas al combate de incendios forestales que estaban bajo investigación por corrupción en España, Portugal e Italia, caso conocido como “el cartel del fuego”.
 
El viernes la PDI allanó las oficinas de Conaf, en Santiago para verificar si hubo intervenciones ilícitas por parte de sus directivos en estos contratos.
 
Hasta el momento los autores de los incendios no han declarado respecto a los motivos para atentar contra los bosques, por lo que aún no se puede afirmar un vínculo con ellos.

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