Hasta robos menores motivan prisión preventiva con Estado de Excepción

Por: Felipe Ahumada 09:05 PM 2017-02-03

Hasta antes del 26 de enero último, quien fuera detenido por robar un celular o una cartera a algún transeúnte, rara vez enfrentaba medidas cautelares que le significaran el quedar privado de libertad.

Eso solo se reducía para quienes contaban con tan amplio prontuario, que el juez lo estimara como un peligro para la sociedad por hacer del delito su sustento de vida.

Sin embargo, desde que se promulgó el decreto presidencial de Estado de Excepción por  Catástrofe en la región, a raíz de los incendios forestales que afectan a la provincia, tal situación excepcional ha alcanzado  drásticamente a la delincuencia, ya que delinquir en estos días supone un automático agravante en todas las penas relativas a robos, receptación, lesiones e incendios.

Y fueron Amaya Velásquez Lagos y Marcelo Valderrama Jara los chillanejos que llegaron hasta el Juzgado de Garantía a aprender este decreto, ya que tras ser detenidos por la Patrulla Microtráfico de Carabineros cuando los vieron robando, en flagrancia, el celular de una mujer en el centro, quedaron en prisión preventiva por orden del juez Manuel Vilches.

Fue la asistente fiscal Marcia Matus quien invocó el decreto presidencial durante su formalización, llamado al que se suscribió el magistrado decretando que “quien comete delitos en contra de la propiedad durante un Estado de Catástrofe es un peligro para la sociedad”.

Similar suerte corrió Bryan Poblete Valenzuela, vecino de la Población Sarita Gajardo, quien cometió un robo que no superaba los 15 mil pesos.

Poblete Valenzuela cruzó la reja perimetral del supermercado Popular ubicado en Los Puelches, para luego romper una resistencia plástica de la bodega, creando el espacio necesario para meter su mano y sacar algunos tarros de atún en conserva y dos tubos de spray de crema chantilly.

Nuevamente se invocó el estado de excepción, pero en esta oportunidad, el juez decretó el arresto domiciliario total, privándolo de todas maneras, de libertad.

Los otros delitos que abarcan este decreto, resguardan la integridad física de las personas, como las lesiones y los homicidios.

Este apéndice del decreto, si bien alcanza a todos los ciudadanos, tuvo como origen la protección especial para policías, Fuerzas Armadas, bomberos y brigadistas.
decreto por 90 días

“Este decreto tiene una duración de 90 días y solo se aplica en las zonas de catástrofe”, explicó a LA DISCUSIÓN el abogado Andrés Pacheco, jefe de la unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público Regional.

Pacheco ratifica que, en efecto, “este decreto supone un agravante que incide en que quien cometa estos delitos en contra de la propiedad, en contra de las personas y muy especialmente los que ocasionen incendios tanto forestales como estructurales, vean las penas agravadas y arriesguen que se les aplique la medida cautelar de prisión preventiva, lo que -por lo que sabemos- en ciudades como Chillán ya se ha estado aplicando”.

Si bien la Defensoría Penal Pública ha discutido que este decreto debería ser aplicado solo en las zonas siniestradas, los tribunales han discrepado, aplicándola a niveles más amplios, ya que todas las fuerzas de orden, seguridad y rescate de la provincia deben acudir a los puntos de emergencia.

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