Responsabilidad política

Por: Renato Segura 2017-01-30

Por básico que resulte, el término “temporada de incendios forestales” indica que los incendios ocurren y que se concentran en una época en particular. Este no es un dato menor cuando las autoridades parecieran centrar sus esfuerzos en hacer pensar que estamos ante algo inesperado, sorpresivo, y donde la información disponible impedía plantearse condiciones propicias para escenarios complejos como el actual.

¿Era posible anticipar una temporada como ésta? 

Esta es la pregunta que debe responderse al momento de iniciar cualquier análisis sobre si se podía estar mejor preparados.

Varios años de sequía, y la confirmación de la Dirección Meteorológica de Chile que señaló a 2016 como el año más seco desde 1866. También el hecho que la totalidad de los incendios son provocados por acción humana, ya sea intencional o accidental, e incluso los primeros incendios del mes de noviembre ya eran antecedentes suficientes para proyectar una temporada compleja.

Por otra parte, experiencias pasadas, como los mega incendio de Torres del Paine en 2011 y Quillón-Ránquil en 2012, ya nos mostraban las debilidades del sistema para responder de manera oportuna, agresiva y logística apropiada ante incidentes que pudiesen escalar más allá de lo esperado, influidos entre otras cosas, por cuestiones meteorológicas que, siendo esperables, empeoran las condiciones del momento, exigiendo al máximo eficiencia y eficacia de la respuesta ante incendios forestales.

Pese a todo lo anterior, al escuchar a las autoridades pareciera que la temporada 2017 de incendios forestales nos sorprendió a pesar de los antecedentes existentes.

Superados por la emergencia surge entonces la búsqueda de un culpable, criminalizándola, mientras se incrementan las hectáreas devastadas por el fuego, afectando la vida, los bienes y recursos naturales.

Sin embargo ante la verdad oficial, solemos olvidar que por accidente o intención, el incendio forestal una vez iniciado por una persona, comienza su propagación y con ello el escalamiento de la emergencia. Por ello, la detección precoz y respuesta adecuada, con el objeto de detenerlo en su fase inicial, disminuyendo el daño, resulta vital. 
Chile cuenta con un recurso humano de gran nivel, con experiencia en combate de incendios, pero requiere ser debidamente reconocido y apoyado.

Esta catástrofe ha evidenciado la falta de disponibilidad de recursos para ataque directo de mayor capacidad como aviones especializados o incluso adaptados, como se hace en otros países que precisamente han enviado esas aeronaves a Chile, y ha revelado que lo que inicialmente era una brecha asociada al desarrollo económico de nuestro país, hoy se establezca más bien en el ámbito del liderazgo, autoridad y con ello voluntad y decisión por dotar a nuestro sistema de una modernización urgente y necesaria. 

Por el contrario, en el nivel político abundan las explicaciones que solo agravan la falta de la enorme mora en el mejoramiento del sistema de emergencias, en este caso forestales. De hecho, se van a cumplir cinco años del ingreso al Parlamento de un proyecto de ley para la creación de una institucionalidad especial que enfrente catástrofes y emergencias y su avance es mínimo. Lleva 36 meses entrampado en el Senado.

La fragilidad de nuestro sistema frente a emergencias de envergadura es una realidad que el mundo político se ha negado a asumir, prefiriendo recriminar al adversario, buscar culpables o plantear teorías conspirativas, en vez de centrarse en el aprendizaje, abordar los cambios, y en definitiva, prepararnos mejor para apagar los incendios.

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