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Despachan proyecto que tipifica como delito el robo, desvío y contaminación del agua

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes al Senado el proyecto de ley que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas.

La iniciativa establece una modificación al Código Penal para condenar los daños que generen las personas o entidades y que afecten las aguas del país. Entre las sanciones, se plantean penas de cárcel efectivas -de entre 3 y 15 años dependiendo de la gravedad del daño- y multas que van de 500 a 5.000 UTM.

La iniciativa fue presentada por la diputada Cristina Girardi (PPD) y contó con firmas de José Miguel Castro (RN), Daniela Cicardini (PS), Diego Ibáñez (CS), Carolina Marzán (PPD), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Sebastián Álvarez (EVOP) y Daniel Núñez (PC).

La autora de la moción explicó que “este proyecto de ley pretende sancionar el robo de agua. Hoy la única sanción que tienen las personas que roban agua y dejan a mucha gente sin sustento es pagar solo una multa. Tiene que haber millonarias multas y penas de cárcel efectivas para quienes atenten contra este vital recurso”.

“El tema del agua pasó a ser una prioridad en nuestro país y debemos trabajar para regular su situación y evitar que sigan robando a destajo este vital elemento”, agregó.

En tanto, el diputado Diego Ibáñez (CS), presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, expresó que “defender el agua, para nuestra región y para el país entero, es la prioridad en un momento como este. Con una escasez hídrica profunda y con un acaparamiento de agua inhumano por parte de las grandes empresas agroexportadoras, castigar el robo y contaminación del agua con cárcel ser solo un primer paso para construir un futuro verde”.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD) señaló que “he visto en terreno cómo se abusa del agua, de un recurso esencial para la vida. La usurpación y el sobre aprovechamiento del agua realizado por algunos constituye un atentado contra la vida en sí“.

“Depende de nosotros el dotar de regulaciones eficaces para que el agua deje de ser un punto de conflicto y comience a ser un punto de encuentro, de consenso, de unidad y de vida”, añadió.

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