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Desigualdad y poder

El Capital en el Siglo XXI”, del economista francés Thomas Piketty, desarrolla un meticuloso estudio empírico en el que argumenta que el crecimiento de la desigualdad en el mundo desarrollado se debe a una contradicción interna del capitalismo y no a factores coyunturales.

Sea o no correcta esta tesis, lo que resulta interesante resaltar son los alcances políticos de su análisis, pues Piketty plantea que la evidencia histórica es que nuestras instituciones democráticas pueden ser capturadas por grupos pudientes mucho más fácilmente cuando existe una concentración extrema de la riqueza. Esto es lo que debería preocuparnos. La extrema desigualdad, en consecuencia, puede ser una amenaza para la salud de la democracia.

Esta idea parte de la base que a mayor concentración económica, mayores recursos tiene esa minoría para impulsar por distintas vías las políticas que la favorecen.

¿Qué factores subyacen al conflicto entre concentración de la riqueza y democracia? La agenda económica de los grandes grupos económicos se concentra en dos ejes: impuestos más bajos y, en la mayoría de los casos, menor intervención estatal, ya que dependen solo de manera indirecta de los bienes y servicios financiados públicamente.

A medida que la desigualdad aumenta, sus intereses se distancian cada vez más de los del resto de la sociedad. Y según muestra el estudio de Piketty, la tendencia se ha ido acentuando. En Chile, los “súper ricos”, término acuñado en un estudio de los economistas Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez (Ciper Chile), presenta una mayor concentración de la riqueza que gran parte del mundo capitalista. El 1% más rico concentra el 33% de los ingresos, 45% más de lo que concentra este segmento en Estados Unidos, 152% más que en Alemania y 235% más que en Suecia.

Nuestro país presenta los mayores niveles de concentración y acumulación para el listado de países en que es posible realizar este tipo de mediciones. La Fundación Sol publicó un trabajo donde muestra cómo el 0,1% más rico concentra el 18% de los ingresos. Es decir, que el ingreso mensual por persona disponible para este grupo supera los $90 millones.

Además, el argumento según el cual el avance de los “súper ricos” es en perjuicio de la democracia se refuerza si el resto de la sociedad, infinitamente más numerosa, encuentra dificultades para acordar una agenda en común, pues suele perseguir intereses difusos y contradictorios.

Sin embargo, el 18 de octubre ese escenario cambió, y la ciudadanía ejerciendo uno de los derechos humanos más básicos, como es la protesta, reclama un nuevo pacto social, no en base a bonos, subsidios y otras dádivas, si no uno donde cada vez más personas tengan las herramientas y la capacidad de desarrollar sus proyectos de vida.

Para eso, hay que redistribuir de una manera sustancialmente distinta la riqueza que el país produce y establecer un compromiso normativo con un conjunto de garantías esenciales (en salud, educación, pensiones y vivienda), que no pueden quedar al arbitrio de la caridad del Gobierno de turno o del sobrevalorado emprendimiento personal

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