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Defensoría Penal iniciará búsqueda de terreno para su dirección regional

El anuncio de un proyecto para contar con un edificio institucional para Ñuble y la espera de poder disponer de manera permanente de un abogado defensor destinado a asistir a los detenidos en las comisarías de la región, el defensor regional, Marco Montero, en su calidad de defensor nacional subrogante, realizó la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública durante la mañana de hoy desde Santiago.

Tras una introducción en la que marcaba un tendencia por perfilarse cada vez más hacia los derechos humanos, y mostrando cifras de la encuesta Cadem que demostraban que cerca de un 70% creen que los derechos de los detenidos no son respetados y el mismo porcentaje no conoce los derechos de los imputados, Montero destacó la necesidad de ampliar la cobertura de los abogados de la Defensoría, partiendo desde la detención misma y su estadía en los calabozos, hasta incluso cuando se está en calidad de preso preventivo en la cárcel.

Antonio Guerra, defensor regional (s), destacó la relevancia del estudio Cadem porque “son un aporte y un insumo relevante al trabajo de nuestra institución, ya que concentra información sobre el grado de conocimiento que las personas tienen de sus derechos. Un ejemplo de ello es, pese a que el 81% cree que la gente está más informada de sus derechos, solo el 58% dice conocer los derechos humanos y únicamente el 28% está al tanto de sus derechos en el ámbito penal”.

Esta realidad, que se advierte tanto en Ñuble como en el resto del país, ha motivado ya algunos adelantos y el destinar fondos para la DPP de otras regiones, como en la Metropolitana, Antofagasta, Maule y Los Ríos, en donde, tras un convenio con Carabineros, ya iniciaron el plan piloto de defensa en las Comisarías, y una vez que se aprueben los resultados de esta marcha blanca, se espera su instalación en otras regiones, entre ellas la de Ñuble.

En busca de terreno

Otro de los proyectos que ya comenzarían a tomar forma en la región es el proceso de búsqueda de un terreno o inmueble para poder instalar definitivamente a la Defensoría Penal Pública regional en Chillán.

Se espera que sea un inmueble en el que se pueda albergar a todas las dependencias y oficinas que trabajan para la DPP, de tal manera de concentrarlas en un mismo espacio.

Sin embargo este proceso, que está a cargo de Bienes Nacionales, puede tardar incluso años. Sin ir más lejos, tras casi mil días se pudo concretar en La Araucanía y tras una inversión que superó los 3.800 millones de pesos.

Para Guerra este edificio debe estar “acorde con nuestros estándares nacionales, de manera de entregar una adecuada atención a nuestros usuarios y contribuir al crecimiento de la región con un proyecto de inversión que sea valorado por la comunidad”.

Desde la creación de l región, la DPP de Ñuble ha tramitado 15.610 causas. El año pasado fueron 8.363 y según cifras oficiales, la tendencia sigue al alza.

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