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Contraloría inicia investigación a la entrega de cajas de alimentos

Cristian Cáceres

El alcalde Sergio Zarzar confirmó que la Contraloría General de la República comenzó una investigación respecto de la entrega de canastas de alimentos distribuidas por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), durante al año pasado en la capital regional.

La autoridad informó al cuerpo de concejales y a la comunidad, a través de la sesión telemática de Concejo Municipal, respecto de la presencia de funcionarios de aquella repartición estatal, quienes acudieron para requerir diversos informes.

Esto ocurre solo días después de que la PDI allanara el municipio chillanejo por segunda ocasión, con la finalidad de acceder al computador del actual contralor municipal, Wenceslao Vásquez, operativo que ocurrió el viernes.

Según informó la Dideco, “de acuerdo a lo informado en sesión de Concejo Municipal de hoy lunes, personal de la Contraloría llegó hasta las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), con el objetivo de recabar información referida a la entrega de cajas de alimentos durante la emergencia sanitaria, a causa de la pandemia”. 

La entidad, planteó a través de la Unidad de Comunicaciones, que “colaboró con este procedimiento y aportará con los antecedentes que sean solicitados por la institución contralora u otro organismo que lo requiera”.

Denuncias

Durante el año pasado, según comentó el concejal Juan López Cruz (PR), hubo constates quejas de la comunidad respecto de la manera en que el gobierno comunal distribuyó los alimentos a la población.

Recordó que hubo reclamos desde las juntas de vecinos rurales, quienes aparentemente no tuvieron acceso a las ayudas sociales de la misma manera que las familias de zonas urbanas.

Se sumó a ello que a la entidad municipal llegó una denuncia canalizada por concejales respecto del traslado de algunas cajas de alimentos para familias de Chillán, pero derivadas a Chillán Viejo, lo cual habría sido investigado en primera instancia por Control interno.

López agregó que espera que “la Contraloría transparente toda la información referida a la manera en que la entidad edilicia planificó, adquirió y canalizó los alimentos a las familias golpeadas por la crisis sanitaria”.

Agregó que “interesa conocer quienes fueron los proveedores de los productos y si las compras se ajustaron a las normas establecidas por el Estado”.

En la actualidad, la Contraloría también mantiene un sumario abierto respecto del manejo de áreas verdes, donde se habrían detectados algunas deficiencias en la manera en que se desarrolló el contrato con la empresa OHL, donde se mencionan multas no cobradas, entre otras materias que están en análisis y que el municipio debe responder.

Además, esa entidad, tiene a su cargo el sumario realizado inicialmente al interior del municipio chillanejo para analizar la manera en que fue gestionado el contrato de luminarias led, que finalmente tuvo que ser abortado tras descubrirse por parte de Fiscalía eventuales sobornos y cohecho en el que estarían comprometidos el exadministrador municipal Ricardo Vallejos y el exasesor Jurídico Marcelo Campos.

PDI

En el caso de la presencia de la Policía de Investigaciones en el municipio, la semana pasada, el alcalde informó que desde la oficina del contralor municipal fue retirado un computador.

Se trata, mencionó el alcalde Sergio Zarzar, “de recabar información en el marco de la investigación que se está realizando actualmente por parte del Ministerio Público”.

El edil subrayó que “el municipio ha colaborado y seguirá colaborando por el pronto esclarecimiento de cualquier indagatoria que desarrolle el Ministerio Público u también otro organismo del Estado”.

Esta investigación, por la cual hay dos imputados en el municipio y una serie de funcionarios cuestionados, tiene -comentó el alcalde- plazos de investigación que dependen del Ministerio Público y por el cual es posible que se realicen nuevas diligencias.

Respecto de este caso, seis concejales de la ciudad presentaron una querella contra todos quienes resulten responsables de los hechos investigados por la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía.

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