La Contraloría General de la República defendió su facultad constitucional para perseguir responsabilidades administrativas de Carabineros, ante algunos cuestionamientos luego de que formulara cargos contra siete generales del Alto Mando de la institución por el actuar de la policía en las manifestaciones realizadas en el país entre el 18 de octubre y diciembre del 2019.
Tras hacerse público el caso, algunas voces de políticos de la derecha así como varios de los generales señalados han acusado que el ente contralor está excediendo sus competencias.
El ministro del Interior, Víctor Pérez afirmó que la institución policial “ha usado todos los mecanismos que establece la ley”, además de que los cargos, que cree “van a ser desvirtuados”, contribuyen a “debilitar la acción de Carabineros en momentos tan sensibles como estamos viviendo”, continuó.
Responsabilidad administrativa
Frente a ello, el organismo emitió una declaración pública donde explica que se trata de un procedimiento sumarial para “perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile”.
Se trata de una facultad que “se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que ‘el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos”.
Evitando referirse a la investigación, cuyo contenido es reservado y solo lo conocen el fiscal del sumario y por los funcionarios sindicados, precisó que “el procedimiento sumarial pretende establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso”.
