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Contraloría cuestiona al municipio por falta de control en áreas verdes

Cristian Cáceres

La Contraloría Regional de Ñuble detectó una serie de incumplimientos de la Municipalidad de Chillán, en el marco de la fiscalización del contrato de mantención de áreas verdes que la entidad edilicia mantuvo con la empresa OHL, exonerada en julio de 2020 tras presión de concejales.

A través de un Informe de Investigación Especial, Nº507 de 2020, pero fechado el 12 de febrero de este año y entregado al Concejo Municipal, se advierte una serie de falencias y anomalías por parte del municipio local, lo que según concejales manifiesta un desorden administrativo que derivó en cuantiosas pérdidas financieras.

Durante la investigación el ente contralor “constató que el concesionario incurrió en distintos incumplimientos del contrato, lo que de acuerdo con lo señalado en el numeral 24.1, de las bases administrativas, sobre tipos de multa y montos, generan sanciones no cobradas por un total de 4.825,5 UTM, es decir, $242.828.811, según valor de la UTM al mes de julio 2020, situación que vulnera los principios rectores de toda licitación”.

Respecto de este tema, Contraloría sostiene que “el municipio deberá analizar los descuentos ya determinados en el oficio N° 3.866, de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato y cobrar las multas determinadas por 4.825,5 UTM, comunicando su cumplimiento en un plazo no superior a 30 días hábiles, contados de la recepción del presente informe”.

Se suma a ello que “se verificó que las áreas concesionadas denominadas Población Los Volcanes Complejo San Luis, de una superficie de 5.860 m2, Lomas de Nuevo Amanecer que alcanza los 10.230 m2 y Parque Nevado 1 y 2 de 5.700m2, fueron intervenidas por proyectos municipales en períodos por los cuales la empresa contratista no efectuó su mantención, sin embargo, la municipalidad pagó íntegramente por la totalidad de metros cuadrados contemplados en el contrato original, sin efectuar descuentos por dichas áreas, los que al mes de agosto de 2020, ascendían a $43.910.967”.

Respecto de este punto, plantea la entidad regional, “la municipalidad deberá remitir los antecedentes que acredite que efectúo los descuentos señalados, informando de ello en un plazo no superior a 30 días hábiles contados de la recepción del presente informe”

Contraloría subraya que “se acreditó que ante incumplimientos graves de las obligaciones contraídas por la empresa concesionaria, el municipio no cobró multas y tampoco puso término anticipado al contrato de forma oportuna”.

Riego tecnificado

En el documento, firmado por Angela Domínguez Albornoz, jefa de la Unidad de Control interno, se expone además que “entre las principales obligaciones incumplidas se encuentra el plazo de implementación de riego tecnificado en las principales avenidas de la comuna de Chillan, el que, según las bases técnicas, se cumplía el 31 de diciembre de 2019”.

Contraloría subraya que “de acuerdo con las bases administrativas dicho incumplimiento era causal de término anticipado del contrato y, a la fecha de la fiscalización en terreno efectuada el día 3 de julio de 2020, aún no era cumplida, existiendo 185 días de retraso, sin que se acreditara tampoco que se hubieran cursado multas a la citada fecha”.

Asimismo, resalta Contraloría, “correspondía el término anticipado si el monto de multas aplicadas al concesionario alcanzaba las 2.500 UTM, durante los 12 meses anteriores a la fecha de la última multa cursada, lo que tampoco fue cumplido puesto que, de acuerdo a las fiscalizaciones en terreno efectuadas por esta Entidad de Control, se determinó la existencia de incumplimientos que implicaban un cobro de multas por 4.825,5 UTM, mientras que la municipalidad había cursado 33 UTM a julio de 2020, y adicionalmente se encontraba en curso la determinación de 1.101 UTM, por lo que las multas, en su totalidad, alcanzaban a 5.959,5 UTM, superando así también la causal indicada”.

Se suman a ello problemas con el riego tecnificado, omisión de aseo y mantención, entrega de indumentaria al personal, duplicidad de funciones de funcionaria clave en fiscalizar el contrato, entre otros elementos.

Desorden administrativo

El concejal Jorge Vaccaro, indicó que “todo lo que expone Contraloría nosotros lo expusimos durante todo el 2020. La presión de concejales fue la que llevó a que fuera terminado el contrato”.

Juan López Cruz, en tanto, sostuvo que “una vez más vemos que hay un desorden administrativo enorme en la municipalidad. Son las mismas personas que se repiten entre contratos y lamentablemente son las que parecen haber sido elegidas para ser de planta”.

Los concejales criticaron a la municipalidad y la empresa durante todo el 2020 e incluso OHL demandó sin éxito al entonces concejal Camilo Benavente por exponer las falencias que ahora confirma Contraloría.

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