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Conflicto judicial por agua de las Termas se agudiza

En el marco de la disputa legal por las captaciones de agua en las Termas de Chillán por parte de Nevados de Chillán, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD) solicitó el 23 de septiembre ampliar la querella criminal por usurpación de aguas presentada en abril de 2015 e incluir el desacato. Asimismo, la acción ya no se cicunscribe solo contra el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar Andonie; sino que también contra el presidente de la concesionaria Nevados de Chillán (Consorcio Chillán 1 y 2), Guillermo Ruiz Pérez; y contra el gerente de la firma, Manuel Dinamarca Piña.

Lo anterior, debido a que si bien la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2017 cesar de inmediato las captaciones y desmantelar las obras que se construyeron para ello, a la fecha se continúa utilizando dichos afluentes para abastecer las instalaciones del principal complejo turístico de la región, según acreditaron las diligencias realizadas por personal de la PDI en el predio, como parte de la investigación que se encuentra radicada en la Fiscalía local de Chillán, a cargo del fiscal adjunto, Florentino Bobadilla Rodríguez.

El abogado de la JVRD, Darío Silva Villagrán, adelantó que el próximo 8 de octubre se reunirá con el fiscal y le solicitará que se formalice a los imputados, por lo que manifestó que los próximos tres meses serán clave para el proceso. “Mi intención es avanzar rápido, y lograr una sentencia o un acuerdo”, reveló.

“La idea es solicitar la formalización de los imputados y también solicitar el cumplimiento del fallo”, afirmó el profesional, quien destacó que “ya está acreditado el delito, todas las diligencias que se han hecho lo han acreditado, como las realizadas por la PDI hace dos meses, las que dan cuenta que se siguen extrayendo aguas e incluso hay nuevas obras de captación”, agregó el abogado.

Consultado por los próximos pasos, Silva detalló que después de la formalización, en que se le imputarán los cargos, se definirá un plazo para la investigación y se dictarán medidas cautelares. Al cumplirse ese plazo, el fiscal tendrá que resolver si los acusa y los lleva a juicio oral o no.

Antecedentes

En noviembre de 17 la Corte Suprema acogió el recurso de casación que presentó la JVRD con el que se anulaba la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, que absolvió al municipio local de las demandas para que cesara de extraer agua de las vertientes en las Termas.

Se trata de “15 vertientes naturales que nacen, corren en forma superficial y corriente hasta el estero Renegado, el cual es afluente directo del río Diguillín”, señala el escrito, por lo que en diciembre de 2014 y febrero de 2015 la JVRD presentó 15 denuncias contra la Municipalidad de Chillán ante la Dirección General de Aguas.

Todas estas denuncias fueron acogidas por la DGA, que verificó que la Municipalidad de Chillán no es titular de derechos de aprovechamiento de aguas en las vertientes desde las cuales se están extrayendo aguas, como también, determinó que las obras de captación no están autorizada por dicho servicio, para luego enviar las denuncias con el objeto de que se procediera a la aplicación de la multa que la ley establece; adicionalmente, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de un presunto delito de usurpación de aguas, que unificó todas las denuncias, dando inicio a la presente causa.

El profesional resumió que “existen dos fallos (uno falta que lo vea la Suprema) que ya dictaminaron que el recurso está agotado, que esas aguas pertenecen a mi representada y que la Municipalidad de Chillán no tiene derechos”.

Asimismo, indicó que “pese a esos fallos que ordenan la paralización de la apropiación de aguas, ellos han seguido apropiándose”.

Reacciones

Desde el municipio se indicó que el alcalde aún no ha sido notificado, por lo que declinó referirse al tema.

De igual forma, Guillermo Ruiz sostuvo que “prefiero abstenerme de opinar de temas lateros y reiterativos que no conducen a nada. Hace años que están con la misma tontera y la reactivan cada cierto tiempo. A palabras necias, oídos sordos”, comentó.

En tanto, Manuel Dinamarca expresó que “no voy a hacer declaraciones al respecto; por ahora hay trámites y acciones en proceso, nosotros somos concesión y arrendatarios”.

Consultado por el impacto que el cúmplase del fallo pudiera tener en el abastecimiento de agua para el complejo, el ejecutivo expuso que “desde el punto de vista comercial, es grave que temas legales e intereses de algunas entidades pongan en riesgo el funcionamiento del único destino internacional de la región”, subrayando que “sin agua no hay destino turístico”.

Y añadió que “las aguas históricamente han estado y se han usado en este lugar desde tiempos inmemoriales” y fustigó “la visión e intereses de agrupaciones que creen tener más derechos”.

Opciones y escenarios

¿Se pudo haber evitado esta situación? Según el abogado, sí se pudo, pues recordó que la JVRD siempre estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo. Y subrayó que “siempre se puede llegar a un acuerdo”, reiterando que su representada sigue abierta al diálogo.

De acuerdo a las estimaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) la cantidad de recurso que el municipio requiere para mantener el suministro en los hoteles y los condominios aledaños equivalen a la cantidad necesaria para regar cerca de 300 hectáreas agrícolas.

Se aclara también que no se trata de aguas termales.

Sin embargo, dentro de las opciones que la JVRD le ofrece a los demandados para que el centro turístico no se quede sin el suministro, está el comprar derechos sobre agua (lo que no solucionaría el problema total de los regantes que sufren sequías), el cambiar los puntos de captación o hacer pozos profundos.

Estas sugerencias ya fueron planteadas en los juicios de primera instancia tanto en el 2º Juzgado Civil, como en la Corte de Apelaciones de Chillán, y a la vez fueron desestimadas porque en ambas instancias se falló a favor del municipio.

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