El contralor interno de la Municipalidad de Chillán, Wenceslao Vásquez Seguel, entregó antecedentes adicionales respecto de la manera en que el municipio entregó permisos para que se instalara un supermercado en terrenos donde uno de los dueños era el exadministrador municipal Ricardo Vallejos Palacios.
El contador auditor realizó la investigación luego de que el concejo conociera una querella interpuesta por antiguos propietarios del predio (vendido finalmente por Vallejos y familiares), quienes acusan eventuales irregularidades en el traspaso de la propiedad.
Tras conocerse los hechos que son investigados por el Ministerio Público e incluso por la PDI, los ediles pusieron en entredicho la rapidez con la que se habrían entregado las autorizaciones al supermercado Cugat, que tras la venta, logró en un plazo de 30 días acceder a permisos municipales para edificar.
Hace un par de semanas, el contralor Wenceslao Vásquez había entregado un estudio respecto de los plazos en que la municipalidad otorgó las licencias al supermercadista, asegurando que todo parecía en regla. No obstante en aquella ocasión no hubo mención acerca de si el exadministrador realizó actuaciones que pudieran acelerar las gestiones ante personal municipal.
Todo cambio ayer, cuando el contralor municipal puso a disposición de los concejales un documento donde se relata una reunión, aparentemente privada y que no estaría registrada en la Ley el Lobby, en la que participaron funcionarios municipales, el exadministrador Ricardo Vallejos (parte interesada en la venta) y ejecutivos de Cugat.
El informe de Wenceslao Vásquez, denominado “Sobre Caso Cugat y tramitaciones en Dirección de Obras Municipales”, complementa al que entregó el contralor interno el pasado 19 de octubre de 2020.
Wenceslao Vásquez relata que “consultados funcionarios sobre si el exadministrador municipal, en tal carácter, y en el marco de instalación de Supermercado Cugat en la ciudad de Chillán, intervino en el otorgamiento de permisos o patentes, se obtuvo que en esos entonces, en fecha indeterminada, llamó a los funcionarios jefe de Departamento de Edificación; del Departamento Loteo y Subdivisión y jefe de Departamento de Rentas, a una reunión en su oficina, en donde estaban dos personas del Supermercado Cugat, con el objeto de informar sobre la próxima instalación del supermercado”.
Una vez conocida la reunión, de la que no se tenía información, Vásquez se entrevistó con “cada uno de ellos por separado, al tenor de las consultas que se les formularon, manifestaron primero verbalmente y luego ratificaron mediante correo electrónico, el no haberse sentido presionados o requeridos para omitir requisitos en las tramitaciones que les correspondía realizar”.
Como conclusión, el contralor indicó que “de lo manifestados por estos, se obtiene que se trató principalmente de una reunión informativa sobre procedimientos”.
Vásquez agregó que “tal como se señalara en el Oficio N° 3.163 del pasado 19 de octubre de 2020, tanto en fusión, anteproyecto de edificación, permiso de edificación y recepción definitiva, no se visualiza que en estas tramitaciones haya habido extrema urgencia por parte de la Dirección de Obras Municipales, sino que, entre la fecha de inicio del trámite y la fecha de retiro de la resolución que aprueba, transcurrió el tiempo o plazo que la norma impone a la DOM, de manera entonces que, se examinaron historiales de solicitudes, arribándose a la conclusión que en las que hubo una demora mayor a la establecida, ello se origina no por causa de la DOM, sino que, porque el solicitante no soluciona las observaciones que se le formulan, llegando en muchos casos al retiro de los mismos. Así las cosas, no se observan privilegios en tramitaciones de Inmobiliaria Cugat en comparación con otros expedientes”.
“Ir más allá de lo evidente”
Pese a la conclusión del informe, el concejal Jorge Vaccaro indicó que el contralor municipal, si bien se ajustó a los hechos, no puede pasar por alto que una reunión de esas características, entre un funcionario municipal que tiene un interés manifiesto en vender una propiedad.
Vaccaro, quien calificó la reunión como “oculta”, expuso que no se puede desentender la reunión del hecho que el exadministrador tenía interés en que se vendiera el terreno para que se construyera el supermercado.
Vaccaro planteó que el contralor municipal debió haber “ido más allá de lo evidente” y detectar que a través de esa reunión el exadministrador estaba de alguna manera presionando al personal para obtener lo que él quería”.
Vásquez, en tanto, tras escuchar a Vaccaro, respondió que él se ajusta a los hechos conocidos y “no me corresponde hacer juicios de valor” de lo ocurrido en la reunión, de la que no existen registros.
Vásquez afirmó finalmente que las conclusiones o “las interpretaciones de lo que pudo ocurrir en esa reunión, ”quedan en manos de cada uno de ustedes”.
El concejal Patricio Huepe consultó, sin que se entregaran respuestas, si la reunión fue registrada por la Ley del lobby, y si existe claridad de la fecha en que se efectuó, mostrándose igualmente inquieto por la información entregada por el contralor y que era desconocida por el gobierno comunal.
Caso Intachi
El terreno vendido perteneció a empresarios de transportes vinculados a la empresa Intachi S.A., quienes acusan la eventual figura de contrato simulado y apropiación indebida por parte de la familia Vallejos.
Según la querella interpuesta por los abogados Dalton Campos y Guillermo Véjar, el predio fue vendido por un monto de $3.000 millones. La causa, que fue interpuesta ante el Tribunal de Garantía de Chillán, sigue su curso luego de que la Corte de Apelaciones rechazara recursos de la parte denunciada, dijo ayer el abogado Dalton Campos. Este agregó que la PDI se encuentra realizando diligencias por orden del Ministerio Público.
El terreno donde se construyó Cugat, según la denuncia presentada por Campos, estaría sujeto a una cláusula que condicionaba la entrega de los fondos desde la empresa a la familia del exadministrador.
En el escrito se plantea que “resulta conveniente también destacar que en la cláusula cuarta número cuatro de la escritura de promesa de compraventa, de fecha 2 de marzo de 2018 otorgada ante notario de Linares, Andrés Cuadra González, y anotada en su repertorio bajo el número 557, se encuentra contenida una condición de celebración del negocio que finalmente reportaría 3.000 millones de pesos a los querellados. Dicha condición decía relación con la aprobación por parte de la Ilustre Municipalidad de Chillán del anteproyecto de fusión y arquitectura que presentaría” la empresa compradora.
Según la acción judicial, “la mentada autorización no demoró más de 30 días en aparecer, junto con liberar ya el 20% del precio pactado”.
El asesor municipal e ingeniero civil Luis Díaz Acuña, mencionó ayer que “un funcionario público y municipal nunca debe tomar parte en discusiones donde tenga interés él o su familiares directos hasta el tercer grado de consanguinidad”.
Además, mencionó que la entrega de permisos en plazos ajustados “no es algo habitual en el mundo municipal”.
