A partir de su reingreso al SEA, un año después de su primera presentación, el estudio de impacto ambiental (EIA) del embalse Zapallar constituye una buena noticia en un contexto de crisis hídrica y económica. Como se recordará, éste fue retirado del SEA en noviembre pasado, debido a las observaciones técnicas que recibió de 15 servicios públicos.
Si bien el inicio de construcción está previsto para julio de 2024 y su puesta en operación se estima que partirá en junio de 2028, el cumplimiento de este paso es trascendental para el proyecto y para los más de 1.100 agricultores de San Ignacio y El Carmen que podrán contar con 10 mil nuevas hectáreas de riego.
Esto último es muy relevante, dado que el embalse brindará seguridad de riego a más 50 mil hectáreas del sistema Laja-Diguillín e incorporará 10 mil hectáreas al riego, lo que permitirá a los agricultores avanzar de manera acelerada hacia una reconversión de cultivos, apostando por especies más rentables e intensivas, como los frutales, las hortalizas y las semillas.
Desde el punto de vista económico, el embalse, cuya inversión total se estima en US$349 millones, le cambiará la cara a dos comunas que exhiben altos niveles de pobreza y de desarrollo humano, pues favorecerá la generación de mayores ingresos y la creación de empleos en el rubro agrícola. Por esta razón es que esta obra de riego es vista por muchos como un potente apalancador de inversión privada, pero fundamentalmente, como una efectiva herramienta de movilidad social.
La evaluación ambiental puede ser un proceso largo, dependiendo del grado de afectación medioambiental, de las medidas de mitigación propuestas, así como de la presión que logren ejercer grupos opositores, lo que cobra relevancia considerando que el embalse inundará 315 hectáreas en una zona de alto valor natural, inserta en el Corredor biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, declarado Reserva de la Biosfera.
Sin embargo, el EIA establece que el proyecto será concesionado a privados en junio de 2023, tal como se hizo con La Punilla en 2016, lo que ha generado la preocupación de muchos, quienes temen que el Zapallar enfrente los mismos problemas que tienen paralizado el embalse en el río Ñuble.
Y es que más allá de analizar las ventajas y desventajas del modelo de concesión, que por supuesto es un mecanismo apropiado para abordar grandes inversiones públicas en tiempos de vacas flacas, lo que no resulta comprensible es que se pretenda amarrar esta alternativa como la única disponible, descartando el financiamiento fiscal a través del DL 1.123, pese a que será el próximo gobierno el que tendrá que concretar este proyecto. También es lamentable que en esta discusión no se haya considerado la opinión de los futuros beneficiarios de esta obra, y que una vez más, aspectos clave de esta iniciativa se sigan definiendo entre cuatro paredes en una oficina en Santiago, con gran hermetismo y de espaldas a la comunidad.
Es de esperar que el traspié que tuvo al inicio este proyecto, señal de la poca prolijidad que viene mostrando esta administración en materia de embalses, no se replique en nuevos errores que terminen convirtiendo esta oportunidad de desarrollo en una fuente de decepción.
