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Concejales estudian pedir la destitución del alcalde al TER

Cristian Cáceres

Concejales de Chillán analizan recurrir al Tribunal Electoral Regional (TER), para presentar un requerimiento de remoción contra el alcalde Sergio Zarzar Andonie por notable abandono de deberes.

Como una “noticia en desarrollo”, calificó el concejal Patricio Huepe (DC), las gestiones que se desarrollan para presentar un requerimiento formal ante aquel organismo, que evalúe si procede la destitución del jefe edilicio.

El concejal reconoció que con otros ediles de la ciudad han estado conversado respecto de la posibilidad de iniciar un proceso de remoción, pero existen trámites pendientes que han dificultado el tema.

El concejal Jorge Vaccaro (RN), igualmente indicó que la posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral está vigente, pero antes deben solucionar algunos temas como la contratación de un profesional que les asegure éxito en el proceso.

Uno de los primeros en ser contactados fue el asesor jurídico, el abogado penquista Remberto Valdés, pero tras reuniones con los ediles que estarían dispuestos a encabezar la remoción, el profesional se habría desistido por tener otras responsabilidades.

Como se recordará Remberto Valdés asesora a seis concejales de la ciudad en la querella que presentaron contra quienes resulten responsables de los eventuales delitos asociados a la licitación de las luminarias led de Chillán, por el cual hay dos exfuncionarios presuntamente involucrados.

El proceso de remoción que se analiza en la actualidad estaría respaldado por los concejales Víctor Sepúlveda, Juan López Cruz, Patricio Huepe, Jorge Vaccaro y Brígida Hormazábal.

Tras fracasar las gestiones con Valdés, los ediles contactaron a otro abogado de Chillán, quien se excusó de patrocinar una demanda como esa por ser parte del Ministerio Público.

Otro de los temas que generan dudas entre ediles es que algunos abogados plantean que el requerimiento es procedente y existen antecedentes que harían pensar que el edil sería destituido, mientras que otros exponen que faltan argumentos para llegar el objetivo que los ediles proyectan.

Se suma a ello que al alcalde en ejercicio le quedan solamente cinco meses al mando y tras ello no existen posibilidades que vuelva a la arena política.

En este sentido, una demanda ante el TER sería solamente un “hecho político”, sin fuerza jurídica. Pero otros apuestan a que un alcalde acusado ante el TER se inhibiría de realizar algunos procesos cuestionados, como por ejemplo, llamar a concurso para llenar las plantas municipales, donde se teme, queden instalados algunos asesores directos, investigados por su participación en contratos municipales, por sobre personal de larga data en el municipio.

Los concejales que analizan la acusación creen que existirían fundamentos para responsabilizar al alcalde al menos administrativamente por los problemas que han afectado al municipio y que se relacionan con contratos cuestionados como el de las luminarias led, canchas de pasto sintético en sus dos etapas, donde hay investigaciones en curso. Se suman problemas con camiones aljibes y otros contratos firmados por el exadministrador municipal. Además algunos ediles son partidarios de avanzar en otras investigaciones, como por ejemplo la adquisición mediante leasing de vehículos municipales por unos $120 millones.

Víctor Sepúlveda (PC) indicó: “nos gustaría avanzar en esto, pero aún no tenemos elementos de prueba de Contraloría”. El edil agregó que “la salida del alcalde hubiera allanado la elección de un concejal de Nueva Mayoría con proyección y creo que por ello el alcalde no renunció”.

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