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Concejales descartan haber sido parte del “equipo” de Campos e Itelecom

Mauricio Ulloa

Concejales de Chillán se desmarcan de las interpretaciones que se pueden colegir respecto de una frase que se encuentra en la carpeta investigativa de la Fiscalía sobre el caso led, publicada por el Tribunal Constitucional (TC), que muestra detalles de las conversaciones entre personeros municipales y ejecutivos de la empresa Itelecom, la que habría obtenido el contrato de recambio de luces led de Chillán manera irregular, a través de presuntos pagos que incidieron en la confección de bases de licitación “a la medida” de aquella firma.

La escuchas telefónicas en el caso donde se investiga presunta corrupción, publicada por La Discusión en su edición domingo, luego de que la defensa de Ricardo Vallejos recurriera al TC, presenta fragmentos de las conversaciones entre el ex abogado municipal, Marcelo Campos;  el ex administrador municipal y ejecutivos de Itelecom.

En uno de los párrafos,  en un diálogo entre el dueño de Itelecom Marcelo Lefort y Marcelo Campos, mencionan al concejal PPD Camilo Benavente, quien fue el único edil que rechazó la propuesta municipal, apoyando la postura de uno de los oferentes Engie-Cam, que desnudó falencias técnicas en la propuesta de la entidad respaldada por el municipio (Itelecom).

Según el extracto, Lefort se queja de los obstáculos que Benavente estaba poniendo para que la licitación se la adjudicara Itelecom.

Conforme al texto fiscal, “Campos le dice que ese concejal, que es de derecha -es del PPD-, no es parte del equipo y que siempre va a existir uno que no va a ser parte y que va a molestar, sobre todo si tiene la intención de ser alcalde, pero que esté tranquilo, que él se anticipa a todo”.

La frase se puede interpretar en el sentido que otros ediles de la ciudad habrían sido eventualmente integrantes del “equipo” destinado a lograr  aprobar la licitación.

¿Cómo se votó?

Durante el proceso de confección de las bases y días antes de que la oferta avalada por profesionales de Jurídica, Secpla, Administración Municipal y Control, fuera presentada al Concejo Municipal para su votación, varios ediles la cuestionaron indicando que en la comuna de Providencia un trato similar había sido anulado por la alcaldesa, Evelyn Matthei, quien consiguió mediante otra licitación un contrato por la mitad del presupuesto original.

La advertencia, que fue analizada internamente, habría sido desechado por Jurídica, luego de que supuestamente se realizaran consultas a la municipalidad capitalina para conocer pormenores del caso, relató Jorge Vaccaro.

El concejal de RN comentó hoy que él, como otros ediles, “confiamos en el trabajo aparentemente serio del equipo profesional de la Municipalidad de Chillán”.

Tal como se puede ver en el acta de la sesión en que fue aprobado el contrato con Itelecom, publicado por La Discusión el 1º de agosto de 2020, varios ediles realizaron consultas respecto de la adjudicación, y las respuestas de los funcionarios municipales avalaron el trabajo realizado, precisó Camilo Benavente, quien en esa ocasión realizó una larga exposición sobre las falencias del proceso.

Las respuestas a las objeciones, emanadas desde el contralor interno, el jefe del Departamento Eléctrico, de Secpla y Jurídica, inclinaron la balanza hacia Itelecom, indicó Juan López Cruz (radical), quien agregó que votaron a favor “confiando en la veracidad de las afirmaciones de funcionarios municipales”.

López Cruz agregó que “es una teoría temeraria afirmar que los concejales estuvieron involucrados con la empresa para apoyar el proyecto analizado, ejecutado, presentado y validado por el municipio chillanejo”.

El concejal Joseph Careaga (UDI), sostuvo que “cuando se habla del equipo, lo que entiendo es que se refiere a la comisión municipal, la que trabajó en la confección de las bases, y no a los concejales de la ciudad”.

“A mí que me registren, no tengo nada de esconder, tengo las manos limpias y jamás he tenido contactos con la empresa Itelecom o alguno de sus agentes o representantes,  pues no es mi estilo tener conversaciones con empresas que presentan proyectos al municipio”, agregó Careaga.

De igual manera, Víctor Sepúlveda (PC)agregó que “esto se presta para interpretaciones, pero la frase en cuestión hace referencia a que había un equipo municipal trabajando en el tema y los cuestionamientos parecen estar radicados ahí y no al concejo”.

Sepúlveda agregó que “cuando íbamos a votar, desde la alcaldía se nos dijo en varias oportunidades que por favor no dilatáramos el tema, pues se trataba de un proyecto importante para la ciudad de Chillán y que mejoraría la calidad de vida de los vecinos”.

“Durante el análisis del proyecto de recambio de luminarias se nos mintió, pues, por ejemplo, desde Secpla se nos dijo que la bases estaban validadas por el Ministerio de Energía, pero después supimos que habían sido modificadas internamente, algo en lo que no participan de ninguna manera los concejales”, añadió.

Mala decisión

Los concejales se desmarcan  de todo lo que fue el proceso de ejecución, licitación del proyecto y ahora en perspectiva consideran que fue una mala decisión haber validado.

Joseph Careaga insistió, tal como mencionó una vez que comenzara la investigación de Fiscalía, que “los profesionales municipales cuestionados no deben participar en ninguna otra licitación”.

Es más, dentro del municipio surgen voces para que quienes han sido sumariados o están en tela de juicio sean suspendidos de sus funciones, hasta que no se aclaren los hechos, o incluso que sean despedidos.

Sesión extraordinaria

Parte del concejo redobló su presión sobre la cual administración municipal, luego de que se conocieran los antecedentes a través del Tribunal Constitucional (TC), de tal manera que pidió al alcalde que se realizara una sesión extraordinaria, la que será realizada hoy martes 29 de septiembre.

El abogado Remberto Valdés Hueche, indicó que los concejales querellantes en el caso led, Patricio Huepe, Nadia Kaik, Juan López Cruz; Víctor Hugo Sepúlveda; Brígida Hormazábal y Jorge Vaccaro, solicitaron una sesión especial.

En esta, pedirán este martes que el alcalde “deduzca querella criminal por los hechos, haciéndose parte con urgencia en la causa; oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE)  con urgencia inmediata para pedir su intervención como representante procesal del municipio; se instruya de manera inmediata un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de ese carácter de entre los funcionarios que eventualmente pudieran estar comprometidos y oficiar a la Contraloría General de la República a fin de que esta instruya una inmediata fiscalización respecto de los hechos y tome las medidas de rigor”.

En forma paralela, el concejal Juan López pidió que la Contraloría pida que el municipio responda de todos los sumarios en curso, mientras que Jorge Vaccaro igualmente ha realizado presentaciones en ese nivel.

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