Fue en el año 2016 que la Contraloría General de la República evacuó un informe en la que se pormenorizaban diversas irregularidades detectadas en la administración de la Municipalidad de San Ignacio, cuyo impacto económico se empinaría por los $400 millones, conforme a antecedentes que se manejan en el Concejo Municipal.
Pese a lo anterior y al hecho que es al exalcalde, Wilson Olivares, a quien se ha buscado hacer responsable incluso penalmente, el caso aún no se ha formalizado por parte del Ministerio Público.
Por tal razón, el día de hoy, el abogado Ricardo Robles, quien fue contratado como querellante por parte de algunos concejales, anunció que “durante esta jornada volveré a presentar una solicitud al Ministerio Público, para que de una vez por todas, se formalice al exalcalde Olivares en esta causa, ya que a nuestro entender está toda la documentación y evidencia necesaria para hacerlo”.
Es más, Robles asegura que “la verdad es que no se entiende por qué tras tantos años, la Fiscalía sigue postergando y postergando esta causa, que es incluso anterior a otras, como la de Chillán Viejo, por ejemplo y con una batería de pruebas aún mayor”.
Lo cierto es que en primera instancia, la investigación quedó en manos de quien hasta el 2019, era fiscal jefe de Bulnes, Maritza Camus.
Luego, con el decreto que convertía a Ñuble en región, quien asumió la causa por ser la nueva titular de Bulnes, fue la fiscal Tamara Cuello. Y posteriormente, como ha acontecido con todas las causas de delitos de probidad pública, se le asignó al fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez.
El informe contralor
En el documento de la Contraloría General, que está publicado en la página web de la entidad, se establecen irregularidades como dobles pagos por prestaciones, como por ejemplo, adquisición de neumáticos o baterías, y a diversos proveedores.
También se cuentan declaraciones de funcionarios que admiten que se “agregaron ceros” a algunas boletas emitidas, y, en lo fundamental, la acusación de más de una decena de profesores municipales, quienes denuncian que no les fueron pagadas sus cotizaciones, por lo que no han podido cobrar sus pensiones.
El concejal Martín Figueroa agrega que “hay una pérdida de 400 millones de pesos, que es un dinero que se gastón sin acuerdo ni aprobación del concejo, y la verdad es que hoy nadie sabe dónde están. El alcalde, en una actitud ya casi desafiante, lo único que ha hecho es desentenderse de todo y no responder por nada”.
“Hasta he perdido plata”
Consultado al respecto, el ex jefe comunal de San Ignacio dice que “esta causa lleva años y no se ha probado nada porque no hay nada. La deuda de los profesores ya está saldada y todo lo demás que se ande diciendo no tiene respaldo judicial. No hay ninguna acusación penal en mi contra”.
Olivares agregó que “si lo que yo buscara es dinero, me hubiese dedicado más a mi empresa, y es gracias a ella que yo tengo el patrimonio que tengo, pero para ser sinceros, yo hasta he perdido plata por ser alcalde de San Ignacio, y no me arrepiento porque hemos hecho grandes cosas, como los cesfam y otras obras de las que nunca nadie habla”.
Foto: Mauricio Ulloa
