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Ciudadanos y corrupción

Mauricio Ulloa

El sentido del término corrupción, más allá de delitos como el soborno y el cohecho, también se refiere a las acciones de depravar, pervertir y echar a perder, y éste es, precisamente, el efecto a más largo plazo de la corrupción: echar a perder una sociedad cuando ésta se acostumbra y deja de indignarse y de reaccionar contra ella.

Ese parece ser el gran problema que debería preocuparnos hoy. Que la sociedad chilena se empiece a acostumbrar a convivir con la corrupción y sus efectos disolventes. De hecho, estudios recientes advierten que ya no reaccionamos como antes ante este fenómeno de tan nefastas consecuencias. De alguna manera, se estaría instalando una peligrosa condescendencia que parece consentirla y que exterioriza resignación frente a lo que se considera inevitable.

La corrupción requiere complicidades y, aunque duela decirlo, la más importante es la de una sociedad que opta por agachar la cabeza y resignarse, cansada de ver estallar caso tras caso de arbitrariedad, clientelismo político, malversaciones sin castigo, abusos de poder y fraudes que al poco tiempo se evaporan y sus responsables también.

No deberíamos olvidar lo que le ocurrió a los argentinos. Una sociedad que pasó de la indignación al hartazgo, para luego anestesiarse y que terminó asistiendo a la demolición de sus códigos éticos, reemplazados por la cultura de la impunidad. En ese complejo entramado de conductas reprobables, la política aparece apenas como un modo más de acumular poder o hacer dinero, por oposición a la vocación de servir a la sociedad. No parece importar demasiado si así se siembra en nuestros jóvenes el desinterés por la cosa pública o, lo que es peor aún, que se vea en la política la oportunidad de enriquecerse en forma rápida y deshonesta. En Chillán y otras comunas de la región han quedado en evidencia varios casos de corrupción y existen otros que están en una zona gris y opaca, donde es difícil pesquisar responsables y determinar fehacientemente las fallas cometidas por funcionarios y autoridades de distinta jerarquía.

Asumiendo que la ética es una barrera de poca eficacia, los mecanismos de control ya no solo deben fortalecerse desde el punto de vista institucional, sino también ampliando su alcance mediante la incorporación de una ciudadanía activa en el combate a la corrupción.

Es lo que propone el programa Contralores Ciudadanos, a través del cual personas comunes y corrientes han obtenido competencias jurídicas para orientar a la comunidad y realizar denuncias de manera formal. La iniciativa, que surgió el año 2018, cuenta en la actualidad con más de 1.000 miembros a nivel nacional, entre los cuales destacan más de una decena de profesionales de Chillán que recibieron instrucción por parte de la Contraloría General de la República y están contribuyendo a difundir una cultura de la probidad y buen uso de los recursos públicos.

Frenar el flagelo de la corrupción exige un fuerte compromiso de cada ciudadano honesto, pues solo perseverando en la demanda de transparencia de los servicios públicos, denunciando los vicios de autoridades y funcionarios, podrá comenzar a restablecerse el dañado vínculo entre la ciudadanía y la administración pública.

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