Todos los países del mundo han tenido que ajustar sus estadísticas de la pandemia, en el entendido de que cuanta más claridad haya, mayor será el bienestar general. Algunos lo han logrado, muchos solo a medias, y otros definitivamente no.
Chile entraría en una categoría intermedia. Ha hecho esfuerzos y acertado en algunos aspectos, pero también ha llegado tarde en otros, se ha equivocado y ha causado confusión en la ciudadanía y entre los científicos.
En efecto, el manejo de los datos ha sido una de las críticas más recurrentes que ha recibido el Gobierno. Sociedades científicas, el Colegio Médico y hasta el Consejo para la Transparencia (CPLT) se han sumado al debate sobre mayor acceso a información pública y la contención del coronavirus.
La mejora ha sido paulatina. Hubo aumento de la información accesible en línea y tenemos más datos desagregados de contagios y muertes que permiten entender mejor el comportamiento de la enfermedad. Sin embargo, subsisten brechas respecto a la información de la experiencia comparada que permita entender mejor el comportamiento de la enfermedad, como la situación de salud previa de las personas fallecidas o los casos negativos tras el procesamiento de muestras.
También ha existido opacidad sobre el personal médico y de salud que se encuentra trabajando exclusivamente con pacientes contagiados por covid-19, en desagregar datos sobre hospitalización según sector público y privado. Lo mismo ocurre en el caso del total de fallecidos, ya que actualmente no se entrega información por comuna o género, ni tampoco antecedentes respecto de enfermedades preexistentes en caso de deceso. Tampoco se da cuenta de información sobre las medidas de seguimiento o monitoreo de los casos de contacto de alto riesgo.
Por el lado de la ciencia, hay decenas de modelos teóricos para combatir la pandemia que necesitan datos reales para testear y comparar esos modelos, pero no los tienen, o si los tienen no son suficientemente confiables.
La declaración de la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, quien reconoció que durante el mandato de Jaime Mañalich “nos pidieron manipular la base de datos”- es de gravedad máxima, y por lo mismo, no cabe reclamo alguno del gobierno por los requerimientos de información que ha hecho la Fiscalía. Menos plantear que entorpecen la gestión sanitaria de la pandemia.
Hoy resulta clave darle auditabilidad a los datos y evitar polémicas públicas. La información es trascendental porque, además de dar importantes luces sobre el abordaje clínico de la enfermedad, permite identificar otros elementos fundamentales para un seguimiento más real de la pandemia y una toma de decisiones más asertiva en los diferentes territorios.
Como estadísticas vitales, estos números deben facilitar un mejor entendimiento de la evolución de la enfermedad, sin olvidar que cuando son transparentes y libres de manipulación, también generan confianza y tranquilidad en la población.
