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CDE y Energía entregan nuevos antecedentes sobre el caso LED

Nuevos antecedentes que permitirían conocer de mejor manera cómo se gestó la trama de eventuales ilícitos en la licitación de las luminarias led de Chillán quedaron de manifiesto a partir de la denuncia que realizó la Subsecretaría de Energía, entidad que se hizo parte de los procesos que se siguen en la capital de Ñuble e Iquique.

En ambas comunas, según investigación de la Fiscalía, la empresa Itelecom, que firmó contratos para el recambio de luminarias a led, habría pagado a funcionarios municipales con el fin de lograr millonarios contratos.

Ahora, según información que develó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que forma parte de la investigación, las reuniones de coordinación entre funcionarios municipales y representantes de Itelecom habrían ocurrido en los casinos de Talca y Monticello.

En esos lugares, indicó Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, a Canal 13, se produjeron “las reuniones dentro del concierto doloso que tenían los distintos partícipes para ir poniéndose de acuerdo, o sea, cuánto me vas a cobrar por esto o qué antecedentes puedo entregar”.

Asimismo, el abogado especificó que “se acreditó la entrega (desde Itelecom), de 37 millones de pesos en efectivo que se viene a buscar (a Santiago) por parte de los funcionarios públicos (de Chillán); se le entregan en distintas reuniones que se hacen con las personas en Santiago y ellos los llevan a Chillán para efectos de proceder a la distribución de estas cantidades de dinero”.

El Consejo de Defensa del Estado presentó estos antecedentes en una querella que interpuso contra todos los que resulten responsables de los hechos ilícitos que han sido denunciados.

EL CDE especificó ayer que “mediante maniobras similares a las utilizadas en Iquique, los querellados Lefort Hernández y Guerra Guerrero (ejecutivo de la firma) habrían ofrecido dinero a los funcionarios imputados Campos Henríquez y Vallejos Palacios para que estos, con infracción de los deberes de sus respectivos cargos, realizaran actos ilícitos con la finalidad de favorecerlos y asegurarles la adjudicación de la licitación. En una primera etapa, habría ofrecido beneficios económicos a Campos Henríquez para que les proporcionara antecedentes relacionados con el proceso de adjudicación sobre los cuales debía guardar estricta reserva, así como para que aceptara ejercer influencia sobre otros funcionarios con el objetivo de que sus decisiones favorecieran su propuesta”.

Con posterioridad a la publicación de la licitación, el Consejo de Defensa del Estado detalló que  “los ejecutivos continuaron accediendo a información clave del proceso, como las reclamaciones formuladas por otras empresas, el estado de decisión sobre las mismas, los posibles inconvenientes que podrían verificarse y los modos de solucionarlos”.

De acuerdo con la investigación que desarrolla el Ministerio Público, planteó el CDE, “a comienzos del pasado mes de mayo Marcelo Lefort habría entregado personalmente a Iván Campos Henríquez la suma de $37 millones, que correspondería a una parte del pago del beneficio económico pactado. Recursos que, a su vez, Campos entregaría, en parte, a Ricardo Vallejos Palacios”.

Cambios en las bases

La entidad estatal resolvió querellarse luego de que la Subsecretaría de Energía ingresara una denuncia por delitos de cohecho, soborno y violación de secreto, donde figura como eventual responsable de los hechos un ex funcionario de ese organismo, que elaboraba las bases de licitación que eran el modelo que utilizaban muchas comunas.

Los antecedentes expuestos por Energía indican que “al revisar las bases publicadas se puede constatar que ellas no tienen la misma especificaciones técnicas que las usadas por esta Subsecretaría, variando en puntos relevantes”.

Al revisar algunos de los factores expuestos en la denuncia de la Subsecretaría, se puede ver claramente que este organismo observa que “en lo relativo al servicio de post venta, se solicita cantidades de 50 luminarias por tipo, en vez de las cinco solicitadas en las bases validadas. Siendo por tanto, cantidades mayores que las especificadas en las bases aprobadas por la Subsecretaría de Energía”.

Junto a ello, la Subsecretaría expuso que en lo relativo a las características mecánicas de las luminarias se presentan diferencias, pues se pide un grado de protección IP diferente del que establecen sus bases. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el soporte o gancho que sujeta las led.

Sobre la denuncia ingresada por la Subsecretaría, el Seremi de Energía, Manuel Cofré, se excusó de referirse al tema, pues indicó, que se trata de un caso que lo está viendo directamente el nivel central y además existe secreto de sumario por un plazo de seis meses.

El abogado Remberto Valdés Hueche, quien representa a seis concejales de Chillán que ingresaron una querella contra quienes resulten responsables de los eventuales ilícitos que están siendo investigados, indicó que a la luz de los hechos conocidos por la opinión pública “hemos presentado a la Fiscalía los antecedentes con los que contamos y hemos pedido varias diligencias”, que no se pueden dar a conocer pues son secreto de sumario.

No obstante el abogado recalca que aparentemente en este caso existen aún muchas diligencias por realizar y eventualmente podrían haber otras personas comprometidas en los hechos que están siendo investigados.

“Efectivamente, como querellantes nunca hemos descartado que otras personas sean o no funcionarios municipales o públicos, puedan estar vinculados con estos hechos, y por ello es que las dos querellas criminales que hemos interpuesto lo han sido nominativamente respecto de los implicados, sino respecto de todos aquellos que resulten responsables”.

Valdés agregó que la presencia de más involucrados “es una investigación que evidentemente tiene que ser abordada por el Ministerio Público y no tengo ninguna duda de que sí va a ser”.

Sobre el particular, desde el CDE se indicó ayer a La Discusión que la entidad “vigila el desarrollo de este caso y de los que se investigan en Iquique y otras comunas del país, dada la enorme gravedad de los delitos cometidos por los particulares y funcionarios públicos involucrados, siguiendo atentamente el desarrollo de las diligencias solicitadas en sus querellas, los resultados de estas, y de la actuación desarrollada por el Ministerio Público, de modo de evaluar la ampliación de sus acciones y/o la presentación de nuevas querellas aquí como en otras regiones”. 

Funcionarios

Entre los temas que el Ministerio Público deberá abordar se cuenta la posibilidad que otros funcionarios municipales de Chillán pudieran haber estado inmersos en la presunta red de tráfico de influencias que derivaron en la licitación a Itelecom, como postula el Ministerio Público, y como se puede deducir de las palabras del consejero del CDE Daniel Martorell.

Si bien ninguno de los concejales puede acusar abiertamente a profesionales municipales, desde que se produjera la licitación y durante el proceso de adjudicación, se expusieron dudas de que había hechos que no estaban siendo bien abordados.

El concejal Joseph Careaga (UDI), planteó ayer que en la actualidad no es posible fiarse de la capacidad del equipo más cercano alcalde Sergio Zarzar para enfrentar licitaciones importantes y cuantiosas.

El edil agregó que “el equipo profesional cercano a Zarzar debiera estar fuera mientras esta investigación se lleve a cabo”.

Careaga agregó que durante el proceso licitatorio hubo muchos temas que les causaron aprensiones y entre ellas se encontraba justamente la calidad de las bases de licitación y su origen.

Como señalaron concejales, nadie pudo explicar con certeza las ponderaciones aparentemente elevadas a algunos ítemes del concurso público, mientras que otras muy relevantes, como el valor total, era menor.

El concejal Camilo Benavente (PPD), quien fue el único que rechazó la licitación, recuerda que se trabó en una dura disputa con funcionarios municipales pues no podía entender que se seleccionara a una empresa que ofertaba más de $1.000 millones de pesos que Engie-Cam.

Benavente agregó que “la oferta de la empresa Itelecom Holding Chile Spa no cumplió con la Ordenanza de Alumbrado Público de Chillan, la cual entró en vigor solo dos días antes de hacerse pública la licitación en Mercado Público”.

Benavente subrayó: “¿Dónde estuvo el interés municipal en esta licitación? Por un lado, la propuesta de Itelecom tuvo un costo $1.164.199.157 (IVA incluido) más alto que la propuesta con mejor puntaje que, según la Comisión Evaluadora, cumplía con todas las exigencias, incluyendo la ordenanza, lo que implicaba una mayor deuda durante los próximos dos períodos alcaldicios”.

A eso agrega que “la empresa que ganó propuso un plazo de instalación de led muy bajo y junto con ello las multas municipales en caso de no cumplimiento eran demasiado bajas”.

En general, expuso, el concurso público vulneraba la buena fe de los proponentes, lo que habría quedado demostrado posteriormente y en el transcurso de los procesos judiciales abiertos.

Cuentas congeladas

En la actualidad, según antecedentes de la Fiscalía, esta entidad tiene recepcionadas la querella del CDE y la denuncia del Ministerio de Energía. Adicionalmente, ayer se resolvió que las cuentas corrientes de la empresa Itelecom y de su dueño, Marcelo Lefort, seguirán congeladas, luego de que la Corte de Apelaciones de Chillán confirmara la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos que rechazó el alzamiento solicitado por las defensas.

Según informó el Poder Judicial, en fallo unánime (causa rol 302-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Darío Silva, Claudio Arias y el abogado Juan de la Hoz– confirmó la resolución impugnada, dictada el 8 de julio pasado por el Juzgado de Garantía de San Carlos.

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