El 15 de marzo de este año, el Obispado de Chillán comunicó que “sigue en curso el proceso administrativo penal contra el presbítero Osvaldo Salgado, iniciado a fines de octubre de 2018 y a cargo del canonista Claudio Soto. Se espera que dicho proceso pueda cerrarse en el plazo de un mes, luego de lo cual debe imponerse, si es el caso, una sanción penal”.
A casi dos meses de que se cumpliera esa fecha, el juicio eclesiástico no ha concluido. Claudio Soto, sacerdote de la Arquidiócesis de Concepción, quien lleva adelante la investigación, recibió tres denuncias por abuso sexual en diciembre. Las víctimas que presentaron su testimonio a Soto, son exalumnos del Colegio Seminario Padre Hurtado, uno de ellos ya fallecido, por lo que fue representado por una familiar, quien entregó los antecedentes del caso. Al momento de los abusos sus víctimas tenían alrededor de 10 años.
El administrador apostólico de la Diócesis, Sergio Pérez de Arce, quien encargó la investigación a Claudio Soto, reconoció que “el proceso penal administrativo se ha demorado más de lo esperado, porque en el desarrollo de las diligencias se ha visto necesario tomar declaración a más personas de las inicialmente previstas. También se tuvo que buscar un abogado canónico defensor. Debía proveerlo el mismo acusado, pero al no contar con uno se ha tenido que buscar una opción para el debido proceso”.
Pérez de Arce enfatizó que “lamentablemente los tiempos de quienes hacen estas diligencias son limitados, son personas que no viven en Ñuble. Es difícil actualmente contar con canonistas. No tenemos un plazo preciso, se desea cerrar el proceso lo más pronto posible”.
Y es que pese a que Salgado tenía la obligación de proporcionar un abogado canónico, la disposición de algunos sacerdotes del clero de Ñuble con conocimiento en Derecho canónico, no fue favorable. Alejandro Cid, excapellán del Colegio Padre Hurtado, habría sido sondeado por Salgado, pero Cid por problemas personales se trasladó a Europa durante este verano.
Salgado también pidió a Raúl Manríquez que fuese su abogado.”Él pensaba que yo podría haber hecho esa defensa desde el punto de vista canónico, pero yo no estaba en condiciones de aceptarlo. No tendría ningún conflicto con defenderlo, yo lo considero un cura amigo, pero por asuntos de salud no, ya estoy viejo. Eso implica una dedicación muy especial y es complicado todo el proceso que hay que seguir”, aseguró Manríquez.
Sobre las acusaciones que pesan sobre Salgado, precisó que “a mí me ha sido muy difícil aceptar y creer eso. Pero han sido testimonios bastante rotundos y uno tiene que tomar en cuenta también eso”.
Luis Rocha, otro de los presbíteros con conocimientos canónicos, aseguró que “no me lo han pedido, pero tampoco lo aceptaría. No lo haría porque es un sacerdote de la Diócesis, y para las víctimas no sería un buen signo que un mismo sacerdote de la Diócesis sea el defensor”.
Marcial Sánchez, experto en Iglesia, explicó que “la Iglesia debería tener personas preparadas para poder enfrentar la defensa de ciertos sacerdotes, pero son ellos quienes tienen que buscar su defensa, esto demuestra que hay un clero que no está tan preparado”.
Molestia
La familiar denunciante que representa a una de las víctimas de Salgado, ya fallecida, manifestó que “como familia esperamos que esta investigación no se siga dilatando. No entendemos que se cite a más testigos de nuestra familia, pues ya explicamos que la vocería sería asumida por mí. Que se busquen más testigos solo nos revictimiza y hace revivir el profundo dolor que esto nos ha ocasionado”.
Y agregó que “respecto al sacerdote, nos parece una falta de respeto que la investigación se haya retrasado porque no tenga un abogado canónico. Él ocasionó un gran daño que sabemos que ni siquiera dimensiona, reconoce o muestra algún tipo de arrepentimiento. Queremos justicia”.
En tanto, Salgado, quien reside frente al Colegio Padre Hurtado, tras ser consultado por LA DISCUSIÓN, para conocer los motivos por lo que no proporcionó un abogado canónico, se negó a hablar con este medio.
