Este año se cumplirán exactos 24 años del primer día en que el Gobierno de Chile, entonces presidido por el Presidente Eduardo Frei, dictaminó que se deberían comenzar a realizar las gestiones necesarias para construir una cárcel (entonces provincial) para Ñuble.
Así se pondría fin al sinsentido social, moral y estético que supone tener al penal con sus muros, rejas, alambres, y gendarmes cruzando el umbral de los muros de un lado a otro, en pleno centro de Chillán.
Curiosamente, dentro del equipo al que se le encomendó realizar los primeros estudios de factibilidad, de búsqueda de terreno y de certificaciones que los validaran como aptos, se contaba a Jacquelinne Guíñez, quien entonces trabajaba en Gendarmería.
22 años después, ya como seremi de Justicia de la Región de Ñuble, fue la encargada de presentar el proyecto, el diseño y las propuestas de mitigación para el sector de San Miguel de Ablemo, en la comuna de San Carlos.
El escenario, fue la sala de Concejo Municipal de San Carlos, atiborrado de vecinos, dirigentes y desde luego concejales y el alcalde de entonces, Hugo Gebrie.
“No para nada…” responde cuando se le pregunta a la seremi si advirtió que en esa reunión hubo una genuina intención de escuchar la exposición.
“De hecho, se paró una señora con una carta y empezó a hacer una serie de preguntas, más bien cuestionamientos, pero si hubiese puesto atención, hubiese encontrado la respuestas a todo lo que preguntó”, responde.
Cuento conocido, es que la oposición vecinal, el éxtasis de lo que significa ser parte de una oposición con bombos, pitos, pancartas, gritos y cánticos con letra infame, logró su objetivo y se frustró – de nuevo y por la misma razón- el proyecto.
La seremi, quien recuerda que tras Frei, el Presidente Ricardo Lagos le pidió más nombres de terrenos y más estudios, hoy casi resignada admite que todo sigue con las mismas novedades (pocas) que hubo después de la derrota de San Miguel.
Es decir, aún se barajan tres terrenos fiscales en sectores rurales de la comuna de Chillán. Casi nada más para contar. Por eso, la secretaria regional de Justicia dice entender que todos crean que la promesa del Presidente Sebastián Piñera de dejar, al menos definido el terreno, durante su mandato.
“Obvio que es lo que la mayoría piensa, lo sabemos. Le hemos hecho harto empeño, pero lamentablemente ahí estamos con oficios para allá y oficios para acá. Incluso nos pidieron que hiciéramos unos últimos estudios para porque ahora se sumará la visa de otros organismos técnicos, ya no sólo los de Gendarmería, entonces desde el Ministerio ya esperan informes más acuciosos, ya pensando en el diseño”, explica.
Un año de plazo
Sin embargo, hay otros antecedentes que justifican a quienes apuestan porque la cárcel regional no está en los reales planes de las autoridades. Y la más clara, es la constante inversión que se ha hecho por mejorar y fortalecer en términos de seguridad, a los planteles penales ya existentes.
Por ejemplo, se instaló una malla perimetral para contener los lanzamientos de drogas desde el exterior, en la cárcel de Chillán, por un costo de $300 millones; se presentó un proyecto de tecnovigilancia para lo que será el próximo centro de reclusión femenina en Bulnes, lo que significaría sobre $200 millones. Y a esto se debe agregar lo que significaría la inversión en nuevos talleres laborales que Gendarmería espera para sus centros de Chillán y San Carlos.
Como sea, hay plazo hasta abril de 2022 para que se cumpla la promesa presidencial de dejar zanjado el lugar, de manera irrevocable, en donde se seguirá la lucha por el proyecto carcelario evaluado en $1.109 millones.
Si sigue siendo esto una meta a cumplir, la seremi sostuvo que “la idea es esa, pero no ha dependido tanto de nosotros, porque los mismos organismos que tienen los terrenos, también han estado muy lentos en sus respuestas, principalmente por el tema de la pandemia. Entonces cuesta mucho empujar para que nos vayan contestando los oficios, para que se vayan haciendo cargo de lo que les toca”.
Pesimismo en la Región
Pero si la seremi aún cuenta con las expectativas intactas respecto a la meta carcelaria, en quienes no son parte integral del Gobieno, el pesimismo es evidente.
“La autoridad de Gobierno no han querido ni tenido la voluntad de ganarle al problema, y esto es porque habrá personas que se van a oponer, porque habrá un alcalde que se va a oponer, porque estamos en periodo de elecciones. Esto debió haberse hecho en el Gobierno de Bachelet y no se hizo porque cuando se definió un lugar, la gente protestó, entonces se asustó y se echó para atrás; ahora vemos que pasa lo mismo con este Gobierno”.
Las palabras son de Felipe Harboe, exsenador por Ñuble (PPD) y actual candidato a constituyente.
Harboe, quien estuvo trabajando en el proyecto durante el Gobierno de la Concertación, una vez que el periodo “Bachelet 2” ya concluía, dijo que el Gobierno había dejado asegurado los fondos para este proyecto, pero no que se había definido el lugar. Es decir, era dinero inútil.
Luego, en pleno “Piñera 2” comentó que “el Gobierno debe gobernar” para criticar la falta de determinación para designar un lugar por temor a la oposición vecinal.
“Lo que necesitamos es contar con autoridades con la capacidad de resolver esto, gente que entienda que esto es una necesidad de la Región, no gente que lo analice bajo conceptos de popularidad. Yo sostengo que este Gobierno ya no lo hizo. El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera va a terminar su periodo de mandato sin haber resuelto la tarea de siquiera definir dónde se deberá construir la nueva cárcel regional”, apostó.
No menos lapidarias son las premoniciones del suboficial Cristian Montecinos, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup),para quien “este proyecto estámuerto. Lo venimos diciendo hace años, esto es sólo un discurso de campañas y nada más”.
Añade que “el tiempo le da la razón a todos los que hemos dicho que se trata de un proyecto que nace y muere en el anuncio, que no hay una voluntad real de edificar algo que cuesta más de mil 200 millones de dólares, habiendo necesidades que para las personas asoman como mucho más urgentes, como la salud, la educación y la reactivación económica y de empleabilidad que ha perdido demasiado a raíz de la pandemia. Hoy todo es prioridad, menos una cárcel”.
No menos sombría es la interpretación que hace respecto a las gestiones que sí se han hecho al respecto y al diseño del proyecto por el que ya hubo una licitación.
“Lo hacen para justificar gestión, o al menos eso es lo que creo, porque lamentablemente, la Cartera de Justicia sabe que una de las unidades en las que se puede justificar más los gastos de gestión es, precisamente, Gendarmería, por todas las ramificaciones que tiene, como los CET o los centros de Reinserción Social. Lo mismo pasa con el Sename” dice.
Un poco más optimista se presenta el diputado (DC) Jorge Sabag.
Para él, la tardanza sólo pasa por no haber dado con el terreno adecuado, más que por una falta real de voluntad por parte de las autoridades.
“Los terrenos anteriores no eran los adecuados porque estaban ubicados cerca de centros poblados, por eso es positivo que se siga analizando todas las ventajas y desventajas que puedan presentar estos tres terrenos fiscales que están en carpeta, sobre todo que cumplan con las características que le permitan a la comunidad contar con las garantías de seguridad, es decir que no se transforme en un foco de delincuencia, sino todo lo contrario”, sugiere.
Y sin embargo es urgente
Pese a lo anterior, tanto Harboe como Sabag y la Anfup siguen diciendo que el construir una cárcel regional, una cárcel modelo como se ha presentado, sigue siedo urgente.
“Creemos que hay sacar la cárcel del centro de Chillán y hacer una gran cárcel de carácter regional, que en realidad no debiera llamarse cárcel sino más bien Centro de Rehabilitación y Trabajo, sin embargo nunca se encontrará un momento ideal para poder hacerla, por esto se trata de un proceso que se viene arrastrando por mucho tiempo y yo esperaría que, aunque no se inicie la construcción en este gobierno, por lo menos se deje definido el terreno”, insiste el parlamentario.
Para la Anfup sería el fin de una larga pelea por conseguir mejoras estructurales para los funcionarios.
“En todas las cárceles se invierte una millonada para la población penal como para los internos juveniles, por lo que menos del 10% se invierte en infraestructura y bienestar para el personal”, destacó.
Para Harboe, finalmente el salvar la adivinable oposición vecinal pasa por presentar la idea con una mejor estrategia comunicacional.
“Si se hace una cárcel propia del siglo 21, una cárcel 3.0 no tendríamos por qué tener externalidades negativas, por el contrario, pero son las mismas autoridades regionales no han estado a la altura de entender que esta es una tremenda oportunidad de inversiones, de creación de trabajo y también como desarrollo urbano, si Chillán como capital regional, no puede seguir teniendo su cárcel en medio de la ciudad”, concluyó
