Hasta el sábado permanecerán privados de libertad los dos funcionarios de la Municipalidad de Chillán que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) la tarde-noche del martes, por orden de la Fiscalía, al verse eventualmente comprometidos en una causa de ramificaciones nacionales por cohecho que también afecta a otros municipios del país que tienen administraciones edilicias de diferentes colores políticos.
Los hechos comenzaron a desencadenarse cuando durante el martes personeros de la PDI llegaron hasta seis inmuebles de funcionarios y autoridades del consistorio, en un procedimiento instruido por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, quien lleva adelante una investigación de cohecho y violación al secreto en el proceso de licitación de luces de LED iniciado por el municipio de Chillán.
Los detenidos hasta ahora son el administrador municipal Ricardo Vallejos; el juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos, quien trabaja actualmente a honorarios como abogado asesor de la municipalidad ; y Marcelo Lefort, dueño la empresa Itelecom, aprehendido en Santiago.
Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles se realizaron otros allanamientos, tomándose detenida a la directora de Jurídica, Carolina Zuleta, quien luego de prestar declaraciones fue dejada en libertad.
Durante tales pesquisas fueron requisados desde los domicilios de los funcionarios computadores, celulares personales y de familiares, entre otros elementos. En tanto hoy en la mañana lo mismo ocurrió desde oficinas municipales, donde se confiscaron computadores como medios de prueba.
Licitación cuestionada
El caso se relaciona con la licitación de luminarias LED que comenzó a desarrollarse a fines del año pasado, luego de que la entidad edilicia recibiera recursos por $4.000 millones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para cambiar 12.454 luminarias de sodio por luces led.
Durante la licitación realizada a través del portal del Mercado Público, se presentaron 19 empresas, quedando finalmente cinco. De ellas, tras un análisis del municipio, fue elegida Itelecom Holding Chile Spa, en un contrato por $3.200 millones.
Tras esa selección, y tal como informó en su momento La Discusión, la empresa francesa Engie, que también participó de la licitación, envió cartas a los concejales planteando que su oferta (por $2.300 millones) era mucho menor que la elegida por el gobierno local, a la vez que expuso otras eventuales falencias del proceso.
Pese a las pruebas presentadas por la empresa, la mayoría de los concejales, que tienen como una de sus funciones fiscalizar los actos del municipio, sobre todo contratos millonarios como el de las luces led, no cuestionaron mayormente el concurso público, salvo la concejala Nadia Kaik (RN), quien hizo circular un video del año 2019, en el que la alcaldesa de Providencia,Evelyn Matthei, mencionaba de manera crítica a la firma seleccionada por el municipio local.
No obstante fue el concejal Camilo Benavente (PPD) el único que se mostró abiertamente contrario a entregarle el contrato a Itelecom, de tal forma que en la sesión de concejo, realizada mediante videoconferencia y donde fue aprobada la moción alcaldicia de adjudicar el millonario contrato a la firma cuestionada, rechazó la iniciativa.
Contraloría y Tribunal
Tras la votación, el concejal Benavente presentó un recurso ante la Contraloría Regional para que fuera investigado el proceso licitatorio. De manera paralela, la empresa Engie a través de su filial CAM Chile, ingresó ante el Tribunal de Contratación Pública una impugnación formal contra el municipio chillanejo. Ambos están en tramitación. Ninguno de los mencionados conocía que la Fiscalía investigaba los contratos de la empresa Itelecom en el territorio nacional.
La Municipalidad de Chillán, que firmó el hoy cuestionado contrato con la empresa hace un par de semanas, esperaba que en los próximos días comenzara la instalación de las nuevas luminarias en un plazo máximo de 120 días.
Todo quedó paralizado, al igual que la cuestionada licitación de las luces led del año 2016, pues hoy miércoles el alcalde Sergio Zarzar, tras enterarse de los arrestos de sus funcionarios de confianza, ordenó paralizar los efectos del contrato (no la relación contractual), con lo cual se detienen las obras programadas en toda la urbe y que deberían terminar en agosto, aproximadamente.
Aprobaron el contrato
El concejal Patricio Huepe (DC), tras enterarse de la detención asociada al contrato, mencionó que cuando la municipalidad los llamó a votar el proyecto, personalmente validó la propuesta edilicia tras escuchar los planteamientos de funcionarios municipales, entre ellos la directora de Secpla y del director del departamento Eléctrico, Domingo Díaz, quienes destacaron las virtudes técnicas de la propuesta.
La concejala Nadia Kaik, en tanto, indicó que “nosotros oímos las respuestas de la comisión municipal a las interrogantes que fueron planteadas por la empresa Engie y en todo momento se nos dijo que la municipalidad había actuado en apego a la legislación vigente. No podemos dudar al respecto, pues son ellos los profesionales y expertos en los temas. En esas condiciones, a pesar de algunas quejas y aprensiones, votamos a favor”.
El concejal Víctor Sepúlveda(PC), en tanto, quien también aprobó sin reparos la iniciativa, mencionó que “como consecuencia de esto creo que se deben investigar otras licitaciones municipales, como la de áreas verdes, la cual tiene una serie de deficiencias que fueron expuestas por el alcalde y nosotros los concejales en muchas ocasiones, pero jamás nos quisieron escuchar”.
Agregó que “si como concejales y luego de escuchar las razones de los personeros municipales que validaron a Itelecom, votábamos en contra sin fundamentos claros, nos exponíamos a una demanda de una empresa legítimamente seleccionada, y por ello validamos la propuesta de la firma ahora puesta en tela de juicio”.
Los concejales agregaron que antes de adoptar acciones precipitadas, es necesario conocer los fundamentos de la detención y a partir de ello adoptar medidas internas. Entre otras cosas este caso volvió a que los ediles mencionaran la posibilidad de destituir al administrador municipal Ricardo Vallejos, lo cual intentaron hace un tiempo sin éxito por falta de votos (requieren cinco). Mientras tanto, fue nombrado administrador Rodrigo Chamorro, personero de confianza de Vallejos.
“No es llegar y hablar ahora de manera anticipada”
Mientras el alcalde de Iquique, comuna también involucrada en acusaciones de cohecho con la empresa Itelecom -en similar contrato de luces led de Chillán-, anunció que llevarán el caso al Consejo de Defensa del Estado y que harán un sumario interno, en Chillán, a través de un comunicado, el municipio se remitió a anunciar suspender los efectos del contrato celebrado con la firma Itelecom tras su adjudicación.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, salió a enfrentar el caso frente a los requerimientos de la prensa local y nacional. “He entregado todas las garantías y facilidades para que la Fiscalía y la PDI trabajen de la mejor manera. He seguido la misma línea que he tenido durante 12 años como alcalde, que la probidad, la transparencia y lo que está apegado a esa legalidad marca el rumbo de esta administración municipal”.
Agregó: “Yo espero que todo se resuelva lo antes posible, apegado absolutamente a lo legal y pesando que lo importante es ser transparente”.
El alcalde defendió el trabajo de la comisión municipal conformada por los personeros ahora cuestionados. “No es llegar y hablar ahora de manera anticipada, cuando no está la correlación de los hechos en conocimiento mío, eso se lo dejo a la Fiscalía, lo que tenga que hacer, y nosotros apegarnos a lo que ella está haciendo”.
Agregó que en la cuestionada licitación hubo muchas empresas participantes y lo que la comisión decidió fue confirmado por el Concejo Municipal, que voto a favor por 8 a 1.
