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Alcaldes acusan que la migración “ciudad-campo” ha generado temor y delincuencia en comunas rurales

Víctor Orellana

Domingo 9 de agosto, bordeando las 11 de la mañana en calle Nicolás León, de la comuna de Ránquil. Un disparo hizo que muchas cabezas giraran en busca de la fuente del estruendo. Y un joven veinteañero caía al suelo con el abdomen ensangrentado, mientras otros dos personas se subían al auto del que habían bajado para retirarse, sin siquiera preocuparse de no ser reconocidos por los testigos.

“Todos saben quién es. Es un delincuente que llegó de Santiago a vivir a la zona, y está con arresto domiciliario nocturno, pero sigue libre. ¿Quiere que le diga algo? Duele ver que los carabineros ni toda la Justicia, hiciera nada al respecto”.

Las palabra son de Benito Bravo, alcalde de esa comuna. Y tiene más para la polémica.

Explica que desde hace unos ocho años comenzaron a retornar familias a la comuna, que mucho antes se habían ido a vivir a ciudades como Santiago en busca de oportunidades laborales.

“Era gente buena que se fue en busca de trabajo y llegó con familia y sus hijos todos maleados a vivir acá de nuevo. Hoy hay dos familias que cuentan con este tipo de jóvenes, que han sido líderes negativos para los jóvenes de acá. Y ya hay mucha gente diciendo que hasta los mismos funcionarios de Carabineros de acá prefieren no meterse, prefieren no tomar las denuncias. Quisiera creer que eso no es así”, advierte.

Ya el concejal de esa comuna, Felipe Rebolledo, había comentado a La Discusión que en su comuna había temor. “Pero la gente no denuncia, no se atreve. Y ha habido aumento de robos, desórdenes, riñas y todas esas cosas a las que nuestros vecinos, acostumbrados a una vida tranquila, sencillamente no estaban habituados”.

El primer indicio de que el acontecer social de Ránquil y Ñipas estaba cambiando fue en 2012. Tras una graduación de alumnos de octavo básico, de una escuela municipal, un puñado de estudiantes de entre 13 y 14 años fueron sorprendidos en el baño del establecimiento, fumando marihuana.

“Y ahí partió todo. Nos dimos cuenta que esos niños que llegaron de Santiago trajeron la rebeldía, las malas costumbres y las drogas, y lo que es más triste, arrastraron a los niños de acá a lo mismo. Hoy tienen todos más de 20 años y poco se pude hacer con ellos. Pero insisto, la gente tiene miedo a denunciar, porque incluso me han comentado que después los mismos carabineros les dicen a los imputados quiénes los denunciaron”, acusa el alcalde.

Solo un par de semanas antes de la balacera que se registró frente a la municipalidad y a dos cuadras del retén, Bravo se había reunido con el prefecto de Carabineros, coronel John Polanco, y luego con el general Mario Sepúlveda, jefe de la XVI Zona, para pedirles ayuda. “Y me volveré a reunir con ellos, nuevamente. Los carabineros de acá son pocos, y además, ya son conocidos por los delincuentes, entonces creo que lo que se necesita es gente nueva, que no tenga problemas con poner mano dura”, adelanta.

Tanto el concejal Rebolledo y el alcalde Bravo aseguran que “esto no es un fenómeno exclusivo de Ránquil. Si usted pregunta en otras comunas rurales de Ñuble, verá que está pasando lo mismo”.

Y en municipalidades como las de Pinto, San Ignacio, San Fabián y El Carmen, le dan la razón.

“Los Retornados”

El sociólogo de la Municipalidad de El Carmen, Juan Cristóbal Torres, sugiere que “cuando se les pregunta a las autoridades encargadas de seguridad, sobre estos fenómenos, suelen decir que se trata de casos aislados. Sin embargo, parecieran no ver que en realidad es el comienzo de un fenómeno mayor, que también se advierte a nivel internacional y es que está invirtiendo el fenómeno de la migración campo-ciudad; ahora es la gente de las zonas urbanas más pobladas las que están volviendo a vivir a las zonas rurales”.

A su juicio, esto ha generado un choque cultural y de hábitos, entre los hijos de los primeros que emigraron a la ciudad, quienes crecieron con el código de las grandes urbes, y la gente de los campos y zonas rurales, educados con otros parámetros valóricos.

“Entonces, para los primeros vivir en el campo les ha significado una enorme frustración, porque no hay calles pavimentadas, no hay gas de cañería, no hay redes de agua potable ni muchas de las comodidades que ofrece la ciudad. Y el problema es, luego, la manera en que los más jóvenes canalizan esa frustración, que por lo general tiende a ser la rebeldía y la violencia”, apunta.

Según Torres, hoy en El Carmen, si bien no se ha registrado una mayor estadística delictual, “se escucha en las calles, en las filas para comprar el pan, sobre robos y otras incivilidades, y es ahí cuando uno ya empieza a salir de sus casas con miedo a que les entren a robar. Muchas personas dicen que por las noches circula gente en auto, mirando las casas. La sensación de estar siendo acechados ha crecido en la comuna y la sensación de que Carabineros, sencillamente no da abasto, es incluso mayor”.

Más historias de “retornados” se escuchan en comunas como Pinto.

El alcalde, Manuel Guzmán, dice que “a diario se nos acercan personas a pedirnos mayor seguridad, a causa de estas personas que si bien son de otras ciudades, llegaron porque sus abuelos han vivido acá por décadas. Entonces es complejo decir si son de aquí o son de afuera”.

Otra de las implicancias de esta migración “ciudad-campo” es que “hemos tenido, como municipalidad, que hacernos cargo de sus necesidades de vivienda. Son esos mismos abuelitos, a quienes conocemos desde hace tanto tiempo, que nos vienen a pedir que les ampliemos sus casas, que les consigamos cupos en escuelas y tantas otras cosas, que no hacen más que acotar más nuestros presupuestos”.

La confianza se acaba

Era un día de noviembre de 2019, y como todas las tardes, el conductor de la Celulosa Nueva Aldea, Alfonso Puga, volvía a su casa conduciendo su vehículo, un Kia Sportage, solo que esta vez iba con su esposa.

Cerca del Puente Amarillo, en el sector de Ñipas, dos personas le hicieron dedo. “Y les paré, como lo hice con tantas otras personas que me hacían dedo en el camino”, comenta.

Pero a no mucho andar, “sentí un fuerte golpe arriba de la oreja y quedé grogui. Mi señora me dijo que me habían pegado con una pistola. La cosa es que nos hicieron bajarnos del vehículo y se lo robaron”.

Hizo la denuncia. Posteriormente se acercaba a Carabineros para preguntar si había novedades, hasta que “un día me dijeron que mejor no siguiera, porque como son las cosas ahora, capaz que termine siendo yo el que pierda con un juicio”.

Puga admite que “la confianza que uno tenía antes, las tranquilidad se pierde. Mucha gente me dice que fui yo el tonto, por haberle parado a dos desconocidos, pero ahora, aunque vea mujeres con niño pidiendo que los lleven, yo ya no le paro a nadie más”.

Al revisar las estadísticas de la plataforma de análisis delictual, de Carabineros, se observa que la Región de Ñuble ha disminuido en términos generales sus delitos en más de un 20%, tanto en los violentos como en los no violentos, salvo por los delitos de robo con violencia y robo con intimidación que superan en un 12 y un 14%, respectivamente, las cifras de denuncias hechas entre enero y el 23 de agosto de 2019.

Debido al número de habitantes, Chillán concentra la mayor cantidad de denuncias. Sin perjuicio de esto, todos sus delitos parecen ir a la baja, salvo por los dos ilícitos anteriormente mencionados.

Y en contraste, en las comisarías de San Carlos, Bulnes, Yungay y Quirihue, el caso a caso es menor, pero delitos como las violaciones, los robos con violencia, robo con intimidación, robo de objetos desde vehículos y robos en lugar no habitado van al alza.

“Esto ya no es nuevo para nosotros, pero sí es cierto que se fue dando de manera paulatina”, advierte el alcalde de San Ignacio, Osiel Soto.

El jefe comunal agrega que “este asunto se empezó a dar como por los meses después del terremoto del 2010, ahí empezó a llegar gente de otras partes, que al principio uno no conocía, pero resultaba que eran o hijos o nietos de personas que viven acá, y ellos llegaron con todas las mañas. Y sobre todo con esa cuestión de la pasta base, que para los jóvenes es terrible, y no hay cómo sacárselas”.

Soto dice que también ha tenido que lamentar que en San Ignacio la gente ya se esté empezando a habituar a los robos, y puede que sean cosas chicas como balones de gas, herramientas o bicicletas, pero eso antes no nos pasaba. Y más encima ahora, hace un par de semanas, nos entraron a robar a Registro Civil”.

Sin embargo, lo más complejo para el alcalde es que “las personas están confundidas, porque no hayan a quién hacer la denuncia, algunos piensan que no sacan nada con denunciar, y otros no lo harán por miedo”.

Manuel Guzmán, de Pinto; Claudio Almuna, de San Fabián; y Benito Arias, de Ránquil, también coinciden en que es la pasta base que se ha internado en estos sectores, el origen de las incivilidades y delitos que han ido amenazando la tradicional tranquilidad de esos pueblos y campos de Ñuble.

“Porque para el lado en que usted se meta, amigo mío, está eso. Tenemos lugares que están complicados, como Pueblo Seco, pero para qué estamos con cosas, Carabineros no tiene la dotación necesaria”, finaliza Soto.

Cambios al modelo

“Ley pareja no es dura”, maximiza el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, aludiendo a que los fondos para recursos municipales se reparten de acuerdo a la cantidad de residentes registrados en cada comuna.

“Pero poco a poco ha ido llegando mucha gente de otras ciudades y ellos se vinieron porque donde vivían sus demandas de vivienda, acceso a la salud, educación o trabajo no se cumplieron”, explica.

El alcalde observa que muchos de estos vecinos, que no son parte de los registros de los sistemas de salud ni de la educación municipal, “lamentablemente están viviendo en piezas o de allegados, por lo que siempre terminan necesitando de la municipalidad, lo que no hace sino seguir acotando los recursos que se nos asignan”.

Para Almuna, la primera migración constatable hacia su comuna fue tras el 27/F y “luego se fue dando de a poco, pero se hizo evidente de nuevo con el estallido social y, ahora, con la pandemia, porque para muchas personas que ya les costaba mucho esfuerzo mantenerse en ciudades grandes, tras estos problemas se les hizo insostenible, por lo que se vinieron a los pueblos rurales en busca de una mejor calidad de vida, y no siempre la han encontrado, tampoco”.

Lo anterior, a su juicio, explica porqué tanto la PDI como el OS7 de Carabineros ha realizado allanamientos e incautaciones de marihuana en esa comuna.

“No podemos desconocer que la zona y su clima favorecen este tipo de cultivos. Sin embargo, toda esa droga que se planta en esta comuna, luego se vende afuera, por ejemplo en Chillán, porque ellos saben que allá está el mercado, y acá las quebradas, los escondites y poca fiscalización policial”.

Almuna propone que para que este fenómeno comience a desaparecer de los sectores rurales, “es a nivel de las políticas públicas donde se deben hacer los cambios, con mejor acceso a la educación, a la salud, y en especial a la vivienda, que es lo que todos buscan. Afortunadamente, las casas que se están entregando hoy son mucho más espaciosas que las que se entregaban antes”.

Seguridad comunal

Alan Ibáñez, coordinador regional de Seguridad Pública, explicó que desde el año 2016 se ha trabajado por fortalecer y crear consejos de seguridad pública comunal, lo que incluye capacitaciones y la llegada de equipos multidisciplinarios a los municipios.

“En este momento, la mayoría de las municipalidades cuenta con oficinas dedicadas a esta materia, pero algunas solo están instaladas con direcciones de seguridad, y depende exclusivamente del alcalde si se destinan los recursos para crear un consejo, lo que incluye a otras entidades de orden y seguridad”, explica.

De todas maneras, desde la coordinación, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, “se está trabajando con las 21 comunas de la Región de manera continua y semana tras semana”.

Felipe Ahumada

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