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Agua turbia

Mauricio Ulloa

En Ñuble, hay 5 mil familias, calculadas en más 20 mil personas, que deben abastecerse de agua mediante camiones aljibes y estanques acumuladores. Esta misión le corresponde a la Intendencia, que contrata cerca de 70 vehículos para la distribución en la región, además de 700 estanques de almacenamiento en las 21 comunas.

Si bien la política estatal se implementó para atender una emergencia que se preveía pasajera, con el correr del tiempo la iniciativa se ha ido institucionalizando, a tal punto de convertirse en un importante mecanismo de inversión de recursos y un excelente negocio para unos pocos.

En efecto, se calcula que en los últimos 10 años el Estado ha invertido suma de $150 mil millones en las comunas que tienen carencias de acceso al agua potable de 6 regiones del país y los millonarios montos han sido distribuidos a un reducido grupo de proveedores, sin mediar licitaciones, sino que con asignación directa, donde más que resolver el problema de las miles de personas afectadas, el procedimiento de compra del servicio de los camiones aljibes ha permitido que empresarios aumenten sustantivamente sus ingresos.

Así lo revela el informe Nº 233/2020 de la Contraloría del 18 de enero de 2021, al cual tuvo acceso LA DISCUSIÓN y donde aparecen entre las presuntas irregularidades el conflicto de intereses de funcionarios de la Intendencia regional y municipios, con empresas a cargo del servicio, además de gastos no justificados y falta de registro del agua entregada a las comunidades.

El documento precisa que “se observaron gastos sin documentación de respaldo, por un monto total de más de 227 millones de pesos por la prestación de servicio de agua potable para el consumo humano en vehículos aljibes, a las 21 comunas de la región”. Cabe precisar que la observación de Contraloría se adscribe al período anterior a 2019, antes que la administración del exintendente Arrau modificara los mecanismos de asignación de estos contratos, incorporando la competencia de oferentes y el factor precio a la hora de preferir a una u otra empresa.

En la exhaustiva investigación de la Contraloría Regional de Ñuble, nuevamente aparecen exfuncionarios que salieron de sus cargos tras escándalos de corrupción, lo mismo que aprovechamiento de redes políticas de personeros del actual Gobierno.

Esta escandalosa falta de transparencia se ve agravada porque tiene como afectados a los sectores más pobres de la ruralidad regional, que al no contar con un servicio adecuado de agua y saneamiento ahonda sus carencias al aumentar sus costos de subsistencia y disminuir su potencial de ingresos y calidad de vida.

Finalmente, es casi obvio advertir que el remedio para las miles de familias que en Ñuble carecen de agua potable no llegará nunca si no se transparentan los recursos invertidos y se apuesta por soluciones definitivas que terminen con el lucrativo negocio de los camiones aljibes. El cuadro descrito debe ser visto como un llamado severo de atención al Gobierno que parece haber olvidado al sector más desprotegido del mundo rural. Tal omisión no solo contradice su pretendida preocupación por él, sino que contribuye a perpetuar un injusto destino de marginación entre los habitantes más vulnerables del campo ñublensino.

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