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Acta de concejo devela cómo fue aprobado el polémico proyecto LED

El pasado 13 de abril cuando el Covid-19 había producido el deceso de siete personas en el país y Chillán comenzaba la cuarentena decretada por las autoridades locales para contener la expansión del virus, a las 10:40 comenzaba a escribirse un complejo capítulo para la Municipalidad de Chillán pues en sesión de concejo municipal, fue aprobada la adjudicación del proyecto de recambio de luminarias LED a la empresa Itelecom Holding Chile Spa.

Todo el debate se produjo de manera telemática, pues en esa fecha las actividades del gobierno comunal estaban muy restringidas luego de algunos caso de coronavirus diagnosticados. Además, la sesión, era probablemente la primera del alcalde Sergio Zarzar, luego de su retorno tras vacaciones y licencia médica.

Con todos los plazos y requerimientos estipulados, se llegó finalmente a la votación del concejo, tras dos horas de debates de temas locales, según consta en el Acta Nº 156 emanada desde el gobierno comunal y que refleja con cierto detalle lo ocurrido en aquel 13 de abril de 2020.

Quien se refirió al tema en primer lugar fue la concejala Brígida Hormazabal, quien planteó que le preocupaba “enormemente” que en un escenario de pandemia, con ingresos municipales a la baja, por menores o nulos recursos provenientes desde parquímetros, el casino o permisos de circulación, la municipalidad tomara un crédito por casi $4.000 millones con la Subdere para financiar el recambio de luminarias, no pudiendo hacer frente a los compromisos financieros posteriormente.

El concejal Victor Sepúlveda, quien posteriormente se sumó como querellante a la causa que sustancia el Tribunal de Garantía de San Carlos, en aquella reunión justificó que votaba a favor luego de haber escuchado los informes de la Comisión Evaluadora donde “se aclaran varias situaciones que tenían que ver con esta Licitación”.

En tanto, el concejal Patricio Huepe, quien igualmente pudo haber votado en contra, indicó en esa sesión, según se refleja en el Acta que compartía algunos de los puntos manifestados por Benavente, respecto a las Bases del concurso público, en especial respecto de la manera de ponderar las ofertas de las empresas, donde por ejemplo, la oferta económica de las empresas “pesaba poco y pesaba más el plazo”, lo que no tenía mucho sentido.

El alcalde Sergio Zarzar, en la ocasión, tranquilizó a los concejales, mencionando que “las Bases de esta licitación, para mayor transparencia, fueron realizadas por el Ministerio de Energía. No quería que se enlodara o que se pensara que era la Comisión de funcionarios, Directores Municipales que habían hecho las Bases”.

En tanto, Camilo Benavente, quien fue el único en votar en contra, deploró el resultado de la votación, declarando en la sesión del 13 de abril que Itelecom debería haber sido declarada inadmisible en la forma y fondo y además porque la oferta de otra empresa, de carácter internacional, Engie-Cam, de similares características, era bastante más económica.

En el Acta se lee que Benavente planteó: “aquí hay $1.200.000.000 comprometidos. Le parece impresentable que una misma calidad de luz, el mismo gasto de energía se está pagando $1.200.000.000 más, ese es el tema. 

A casi cuatro meses de esa sesión, la mayoría de los concejales plantean que si hubieran tenido a la vista todos los antecedentes y especialmente, si desde el municipio se les hubieran entregado informes claros y verídicos probablemente no se hubieran tenido los votos mayoritarios para aprobar la iniciativa, destacó la concejala Nadia Kaik.

El concejal Joseph Careaga, en tanto, indicó que tras este traspié que le ha significado a la municipalidad de Chillán perder credibilidad y estar bajo la lupa de entidades como Fiscalía, Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado, “ya no confío en los profesionales que laboraron las bases de la licitación y por lo tanto deben salir de este y cualquier otro concurso público”.

Investigación

A esa altura nadie podía presumir que la Fiscalía realizaba una investigación respecto de las actividades de la empresa Itelecom en otras ciudades, entre ellas San Fabián, que derivaron que el 6 de mayo pasado, o sea casi un mes después de la sesión de concejo, fueran arrestados el ex administrador Ricardo Vallejos y el exasesor Marcelo Campos del Departamento Jurídico, quien participó en la mayoría de las casi 30 reuniones de la comisión en reemplazo de la titular, sin tener responsabilidad administrativa por ser funcionario a honorarios. Ambos fueron imputados por diferentes delitos y la causa sigue secreta, por lo menos hasta octubre próximo.

Desde el Consejo de Defensa del Estado, organismo que presentó una denuncia a partir de los antecedentes emanados desde la Fiscalía y el Ministerio de Energía, se informó a La Discusión respecto del contenido de su querella.

Según el Consejo de Defensa del Estado, “mediante maniobras similares a las utilizadas en Iquique, los querellados Lefort Hernández y Guerra Guerrero (ejecutivos de Itelecom) habrían ofrecido dinero a los funcionarios imputados Campos Henríquez y Vallejos Palacios para que éstos, con infracción de los deberes de sus respectivos cargos, realizaran actos ilícitos con la finalidad de favorecerlos y asegurarles la adjudicación de la licitación. En una primera etapa, habría ofrecido beneficios económicos a Campos Henríquez para que les proporcionara antecedentes relacionados con el proceso de adjudicación sobre los cuales debía guardar estricta reserva, así como para que aceptara ejercer influencia sobre otros funcionarios con el objetivo de que sus decisiones favorecieran su propuesta”.

Con posterioridad a la publicación de la licitación, expone el CDE, “los ejecutivos continuaron accediendo a información clave del proceso, como las reclamaciones formuladas por otras empresas, el estado de decisión sobre las mismas, los posibles inconvenientes que podrían verificarse y los modos de solucionarlos”.

¿Más involucrados?

En la actualidad, desde el concejo municipal no se duda que puedan haber otras personas involucradas en el municipio chillanejo.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht Rorris, indicó hoy a La Discusión que “este es un caso de absoluta gravedad, que nosotros sabemos y por información que hemos recibido por parte de anónimos, que este es un caso de bastante más envergadura”.

Precht agrega que “las redes de corrupción en general, son redes complejas, donde los corruptos tocan la fibra de distintas personas en distintos momentos y también muchas veces cometiendo delitos de soborno, amenaza u otras veces a través de la mera negiligencia y entonces lo que uno le pide a los municipios es que vean la cadenas de procesos internos, donde fallaron las cadenas; si fallaron por intervención de algún delito de corrupción o si en otros casos como dice en buen chileno, se miró para el lado”.

El abogado, indicó que “llama la atención que en el caso de Chillán, las alarmas no hayan saltado con anterioridad”, como si ocurrió en Providencia donde la alcaldesa Evelyn Matthei abortó una licitación similar.

El profesional, agrega que en el caso de Chillán la Fiscalía deberá determinar eventuales responsables pues “la experiencia de uno, es que las redes de corrupción normalmente son más complejas que dos personas”.

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