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Abogados anticipan un aumento de juicios por despidos tras la pandemia

Una vez terminadas las restricciones para volver a las actividades cotidianas, para muchos abogados locales, se vendrá una verdadera ola de juicios en materia laboral, debido a la confusión que aún existe en la forma de reinterpretar las causas legítimas para despedir empleados, durante la pandemia.

“Vamos a ver muchos juicios laborales, especialmente por diferencias que se puedan dar ante la interpretación de la causal de despido por razones de fuerza mayor”, anticipa el jurista Guido Jara, especialista en la materia.

Evidentemente, el contexto para los tribunales laborales no es el mejor. Primero, en Ñuble ya se presentaron 2.824 cartas de despido, solo en el mes de marzo, lo que representa un 28% más de lo que se recibe un mes normal en la Dirección del Trabajo.

Luego, “esto no tiene precedente, no hay jurisprudencia, entonces no hay mucho para poder establecer algún criterio en el que basarse para intepretar esta situación desde lo jurídico”, apunta Gonzalo Alonso, jefe regional de la Inspección del Trabajo.

Por otra parte, aún no hay una ley promulgada que defienda a los empleados a honorarios y, finalmente, está el siempre pantanoso caso de los empleos informales.

La débil Fuerza Mayor

Tras el terremoto del 2010, hubo un sinfín de litigios, especialmente en materia de indemnizaciones por colapso de estructuras, en la que las empresas justificaron que no se podía actuar ante “un imprevisto”.

Tras una seguidilla de casos, las diferentes cortes del país determinaron que era de conocimiento general la condición de “sísmico” de nuestro país, por lo tanto un terremoto o un temblor no puede ser considerado un imprevisto.

Y casi de manera análoga, en la gran mayoría de las cartas de despido que se han tramitado en Ñuble se habla de “razones de fuerza mayor” o “caso fortuíto” en relación al coronavirus y las medidas sanitarias adoptadas.

Pero el abogado Claudio Cusacovich, advierte que “esta ley se refiere a imprevistos, de carácter irresistible, pero a su vez, que sean permanentes y duraderos en el tiempo, que no es el caso de la pandemia. Una pandemia no es para siempre, digamos, entonces todos los despidos que se realizaron por esta causa son, a mi entender, ilícitos”.

Ley de protección

Con la nueva Ley de Protección al Empleo, se puede acudir a una suspensión temporal del servicio y, mientras ésta esté suspendida, el empleado puede hacer uso del seguro de cesantía.

Esta ley es retroactiva desde el 18 de marzo, cuando se promulgó. 

“Hay ciertas causales que invalidarán ahora algunos despidos por razones de fuerza mayor, lo que antes de que se promulgara esta ley, habrían sido legítimas”, comenta Gonzalo Alonso.

De hecho, en la Dirección Regional del Trabajo ya se han registrado notificación de reincorporaciones de personas despedidas por razones de fuerza mayor.

A juicio de Alonso, en este escenario legal, que si bien es sólo transitorio, puede que se deba hacer ciertas reinterpretaciones a la ley.

“Por ejemplo es posible que la legislación comience a tomar resguardos para futuras emergencias como nuevas pandemias o desabastecimientos a causa de los cambios climáticos”.

Informales y a contrata

Guido Jara apuntó además a los casos de despidos de servicio doméstico “que tal vez haya en Chillán. Recordemos que el cordón sanitario y la misma cuarentena hace que se trate de un servicio que no se haya podido seguir prestando”.

Pero su experiencia le dice que en su mayoría se trata de gente que trabaja sin contrato, y en muchas ocasiones a petición de las mismas trabajadoras, a fin de no perder ciertos subsidios.

“Lo que hay que tener claro, es que a una empleada doméstica, le basta demostrar que sí trabajó en una casa, por ejemplo con fotos o testigos, y el tribunal falla a su favor, obligando al empleador a pagar cotizaciones e indemnizaciones”, advierte.

Más complejo es el caso de los funcionarios a contrata “que generalmente, ellos trabajan en municipios o en Estado. Lamentablemente, hasta el momento pueden ser los más perjudicados, porque trabajan lo mismo que un funcionario de planta, pero no cuenta con leyes que lo protejan y su vínculo laboral se puede terminar de un día para otro sin que sea algo ilegal”.

Al respecto, Yennifer Ferrada, seremi del Trabajo adelantó que “se nos ha informado que próximamente se van a sacar medidas para apoyar a los trabajadores a honorarios”. Pero se trata de apoyos, no de cambio de leyes en su contratación”.

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