Directora de Daya: "Lo sentimos como una vulneración de los derechos"

Molestia generó en la Fundación Daya, a nivel nacional,  la incautación de un total de 17 plantas de marihuana y un cactus peyote en el domicilio del vicepresidente de la organización en Chillán,  Tomás Flores, quien hoy pasó a control del detención en Juzgado de Garantía.

La directora ejecutiva de la organización, Ana María Gazmuri calificó lo sucedido como una vulneración de los derechos y una persecución por ser la segunda vez en que uno de sus miembros sufre el decomiso de cannabis en su domicilio.

“Desgraciadamente esta situación afecta no solo a Tomás Flores, sino a diferentes usuarios medicinales y pacientes de la Fundación Daya del país, lo sentimos como una vulneración de los derechos. La ley 20.000 a pesar de todos su problemas y traiciones, en este punto, es clara lo que persigue es el narcotráfico, el bien jurídico a proteger es la salud pública, no puedo entender de qué manera el señor Flores, vicepresidente de Daya Chillán podría estar afectando la salud cuando más bien lo que hace es todo lo contrario, además el tono en que ocurrió esta diligencia ha sido agresivo, poco adecuado”

Según la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones en la vivienda del representante de Daya, ubicada en calle Claudio Arrau, también fueron incautados un invernadero en el patio posterior y dos sistemas in door, además de cannabis procesada equivalente 96,49 gramos, es decir 1800 dosis con un costo 4 millones de pesos.

El jefe subrogante de la Briant, comisario Cristian Pérez señaló que el imputado, quien no tenía antecedentes policiales, no contaba con la autorización del SAG para cultivar y procesar marihuana.

“Se concurrió en primer instancia al domicilio de esta persona, el cual se negó en forma voluntaria a dar cumplimiento al decreto que estábamos mencionando a la orden de investigar, por tal motivo se gestionó nuevamente por intermedio del Ministerio Público una orden de entrada de registro judicial, llegaron simpatizantes que trataron de entorpecer el proceder policial. Sin embargo, una vez allí se procedió a la incautación de la cannabis, las plantas y el principio activo del peyote”.

Respecto a la tenencia de cactus peyote, la directora de Daya calificó como absurdo su decomiso, ya que esta especie se encuentra en un gran número de domicilios del paÍs. ”Nosotros lo sentimos como una vulneración de derechos, “en miles de casas existen en los jardines, si nos vamos más al norte para qué decir” , enfatizó.

A mediados de 2015 la municipalidad de Chillán pagó 35 millones de pesos para que la Fundación Daya pudiera desarrollar un proyecto terapéutico con el fin de que pacientes de la ciudad puedan acceder a terapias alternativas de cannabis, que ha demostrado ser eficiente en el tratamiento contra el cáncer y la epilepsia refractaria entre otras muchas dolencias.

Uno de los miembros del concejo municipal que respaldó esta iniciativa en su momento fue el concejal (PC) Víctor Sepúlveda, quien calificó el hecho como una “persecución” contra los miembros de la organización.

“ Fui uno de los que más apoyamos. Estuve desde un principio apoyando a algunos colegas que en algún minuto no estuvieron de acuerdo y cuestionaron el proyecto, pero al final entendieron que era un tema humano. Yo realmente pienso que aquí hay una persecución hacia las familias, porque encuentro extraño que anteriormente se haya producido lo mismo con otra persona que también está en la Fundación Daya y hoy a uno de sus dirigentes. No me parece, lo veo como una persecución más bien personal”.

A juicio del edil debería establecerse un registro de los usuarios que requieren de las terapias en base cannabis medicinal para que estén en conocimiento de las policías y la autoridades judiciales, de tal manera que no sean perseguidos.

“Como fundación yo trataría de legalizar de alguna forma a las personas que están produciendo plantas en su domicilio para que la autoridad esté en conocimiento, porque sino otras personas van a caer en la misma situación, y en este sentido, trataría de regular el tema ante la autoridad competente y entregar el listado de todas las personas que están en tratamiento con sus niños y que están cultivando para este fin”,