[Editorial] Diputados en la mira

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Agencia Uno

La asistencia de los parlamentarios a las sesiones no es opcional: la ley consagra que es obligación, a menos que presenten una excusa justificada. Pero como muchas otras, esta ley es letra muerta.

Lo comprobamos el martes, cuando la Cámara de Diputado debía abocarse a la discusión de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Ese día, a esa hora, el hemiciclo se encontraba casi vacío. Apenas había 36 parlamentarios, de los 118 que constituyen esa corporación. Tal número ni siquiera permitía un quórum mínimo (39) para constituir una sesión. 

En total, fueron 62 los diputados -incluidos los tres de Ñuble, Jorge Sabag (DC), Carlos Jarpa (PRSD) y Loreto Carvajal (PPD)-  que sin ninguna excusa formal no cumplieron con su obligación parlamentaria, por lo cual deberán pagar una multa correspondiente al 1% de sus dietas, es decir un poco más de 90 mil pesos, un  monto ridículo al considerar que los ingresos totales de un integrante de la Cámara Baja ascienden a 14 millones de pesos, una de las rentas más altas para un congresista en todo el mundo, superior incluso que la que reciben los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que en promedio, asciende a 9 millones de pesos.  

Como es habitual, después del triste espectáculo del hemiciclo casi vacío, ayer ante cámaras y micrófonos los diputados se deshicieron en explicaciones y el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, igual de previsible, anunció una nueva medida que apunta, según dijo, a la “transparencia”.  Se trata de un registro de la puntualidad del ingreso de los parlamentarios a las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales mediante un marcador de la huella digital en su escritorio. Parece una buena idea, pero aún no se sabe, si el registro será efectivamente público y cómo operará, ya que una cosa es marcar el mecanismo de asistencia y otra es efectivamente participar en el trabajo parlamentario.  

Las inasistencias, sumadas a la insuficiente discusión de proyectos y el incorrecto uso que se le da a las asignaciones parlamentarias, que son los recursos que se destinan en el presupuesto de la nación para el apoyo de la labor legislativa y distrital, dan cuenta de una seria deficiencia institucional. En este sentido, desde hace un tiempo y promovida por centros de estudios se viene dando una discusión sobre reformas que apuntan a la modernización del Parlamento y al proceso de formación de las leyes. 

Entre ellas destaca una idea, destinada a medir la relación entre el uso de los fondos destinados a cada senador y diputado, y la productividad de su gestión, como impacto positivo en el crecimiento y desarrollo del país y la zona a la que representan. 

Por otra parte, es importante preguntarse si dictar más leyes, presentar más proyectos, realizar más discursos o estar en programas de TV o portadas de diarios y revistas, es realmente un factor de productividad, que permitirá alcanzar el desarrollo. 

¿Cuántas normas existen que no se ajustan a los tiempos actuales, que son incoherentes entre sí, que producen burocracia innecesaria, o incluso que ni siquiera son materia de ley, sino que meras declaraciones de buenas intenciones o gustitos que en un momento determinado, se dieron un grupo de parlamentarios para satisfacer un grupo de presión que le aporta votos? 

Si durante un año completo el Congreso se dedicara a analizar qué leyes se pueden eliminar por inoperantes, complejas y difíciles de aplicar, mal formuladas, que generan externalidades negativas que obstaculizan el emprendimiento, la creatividad, limitan la libertad individual en aquello que es un aporte para el desarrollo de las personas, como por ejemplo en hacerlas más responsables y menos dependientes del Estado, Chile de seguro cambiaría.