Tortura policial

Se podría pensar que en Chile la tortura y los apremios ilegítimos fueron una práctica circunscrita únicamente a la dictadura militar. Lamentablemente esto no es así, porque no se dan solamente en países donde existen dictaduras sino que también en aquellos donde orgullosamente se habla de una democracia. Por supuesto que el nivel de intensidad de estas prácticas es mucho mayor en dictaduras, pero eso no quita que en las democracias también esté presente, porque son una desviación inherente al ejercicio de la fuerza estatal.

En el capítulo “La tortura en Chile: estado actual desde la reforma procesal penal”, del informe anual de Derechos Humanos que elabora la Universidad Diego Portales, se señala que los apremios ilegítimos más frecuentes son obligar a los detenidos a desnudarse, obligarlos a hacer ejercicios o a ponerse en posiciones humillantes estando desnudos, someterlos a interrogatorios, a tratos crueles o golpizas.

El pasado 22 de noviembre el Gobierno promulgó la Ley 20.968, de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que pone al día al país en esta materia, al pronunciarse sobre todos los excesos cometidos por funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, materia que hasta entonces era de exclusiva revisión de la Fiscalía Militar. 

Sin embargo, antes de la entrada en vigencia de esta normativa hubo un importante precedente del Ministerio Público, que revela un sorprendente incremento de las denuncias de apremios ilegítimos en Ñuble. Se trata de un oficio interno, emitido el 24 de noviembre de 2015, en el que se autodetermina competente para revisar todas las acusaciones de civiles en contra de uniformados. 

El resultado, a un año de ponerse en práctica este oficio, es más que decidor. Si en 2015 en Ñuble se registró apenas un solo caso tipificado como “torturas, crímenes de lesa humanidad y genocidio”, a fines de noviembre de 2016 las causas en la provincia sumaron 25. 

Según los especialistas, pese al fuerte aumento, se trataría de una cifra menor, pues además de la ignorancia y desconfianza de los afectados en la justicia militar, no son consideradas las denuncias en contra de gendarmes y funcionarios de la PDI, lo mismo que los apremios ilegítimos en el ámbito procesal, practicados por funcionarios ligados al sistema de justicia criminal.

Pero también coinciden los especialistas en que con la entrada en vigencia de la nueva ley las denuncias deberían comenzar a aumentar de forma paulatina, gracias a una mayor difusión de este nuevo derecho que le asiste a las personas y su recepción en juzgados civiles, ya no en las fiscalías militares que desalentaban la presentación de acusaciones.

Esta normativa es coherente con las convenciones internacionales para prevenir la tortura, ratificadas por nuestro país, como la de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que desde 1994 gozan de rango constitucional.

Pero la razón de fondo por la cual debe desterrarse de una vez por todas estas prácticas infames es porque degradan a la sociedad que las aprueban o las consienten o no las condenan severamente. Jamás podrá combatirse el delito cometiendo para ello otro delito. Lo hemos aprendido en carne propia en nuestra trágica historia reciente. El Estado no puede amparar a quienes violan la ley.