Nueva polémica por supuesta deuda impaga por parte de la municipalidad

Una nueva polémica envuelve al municipio local por concepto de servicios no pagados. 


Tal como ocurriera en el caso de las 120 tortas encargadas a la empresaria Quila Castro, dueña de la pastelería Kelly, y que aún no han sido canceladas, es ahora uno de los encargados de realizar el precenso del 2017, Pedro Inostroza, quien acusa a la municipalidad de audeudarle 750 mil pesos por el no pago de un bono de movilización.


Pero a diferencia de lo sucedido con las tortas del Día de la Madre del 2015, episodio que estaría llegando a su fin luego que se mandatara el pago, en el caso de Inostroza, en el municipio sencillamente desconocen tajantes tal deuda.


Según lo denunciado por Inostroza, “cuando el municipio le pidió al INE que realizara un precenso para hacer el preconteo del Censo 2017, se dispuso de 14 millones de pesos para costear toda la logística, lo que incluía un arriendo de vehículo para movilizarnos, pero el encargado del proyecto, Edgardo Venegas, optó por pedirnos que usáramos nuestros propios vehículos y que nos daría un bono mensual de 250 mil pesos por tres meses, y hasta la fecha no me han pagado nada”.


Mientras Inostroza acusa a Venegas de haber, por un lado, admitido ante el INE tal deuda, para luego negarla ante el administrador municipal, Ricardo Vallejos; desde el municipio explicaron que si ese pago no se hizo efectivo fue a raíz de irregularidades cometidas por el propio demandante.


“En primer lugar, no hubo un bono convenido, sino un contrato en el que se le pagaba por el arriendo de su propio vehículo para movilizarse, vehículo del que debía entregarnos la patente, marca y modelo; sin embargo a él le robaron su vehículo antes de que se iniciara el precenso y nunca nos dio aviso de ese hecho, por tal razón el señor Inostroza se comenzó a movilizar en un furgón municipal -de lo que hay constancia- para posteriormente decirnos que había ocupado el vehículo de un familiar”.


Inostroza se defiende presentando documentación obtenida por Ley de Transparencia respecto al contrato referido y a una batería de emails entre las directivas regionales del INE y el personal municipal, en el que “queda claro que ellos admiten la existencia de la deuda. Y respecto al auto, en efecto me lo robaron, pero luego yo presenté los antecedentes del que terminé ocupando”, objetó.


Todo parece indicar que el asunto se zanjaría en un juicio civil.