Fijan para mañana alegatos de recurso de protección por casino

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Diario Concepción

Luego de tres postergaciones, fue fijada para este jueves la audiencia de alegatos del recurso de protección interpuesto el 9 de diciembre pasado por el consorcio Boldt-Peralada, contra el Gobierno Regional del Bío Bío, en el que impugna la votación desfavorable de su proyecto por parte del Consejo Regional (Core) realizada el 25 de noviembre, en el marco del proceso de adjudicación de una licencia de casino de juegos en Chillán.


Como se recordará, la licitación de la licencia comenzó en enero de 2014 y a ésta postularon las empresas Marina del Sol, Dreams y el consorcio argentino-español Boldt-Peralada.


La evaluación técnica de las tres propuestas, a cargo de la Superintendencia de Casinos de Juego, también requirió de la opinión de otros organismos, como la Municipalidad de Chillán, el Gobierno Regional, el Sernatur y el Ministerio del Interior. Sin embargo, tras la primera votación del Core, en julio de 2014, en que el órgano colegiado se pronunció favorablemente solo por la propuesta de Marina del Sol, se desató la controversia, por un lado, con el retiro de Dreams de la competencia, y por otro lado, con la presentación de un recurso de protección por parte de Boldt-Peralada, impugnando la votación. Y es que los puntos que aporta la votación del Core son determinantes en la evaluación final.


Según Boldt-Peralada, dicha votación fue “arbitraria e ilegal”, señalando que los cores se habrían excedido en sus atribuciones, ya que la legislación solo les pide que se pronuncien sobre la comuna de emplazamiento del proyecto y el impacto de dicho emplazamiento en la estrategia de desarrollo regional, y no sobre aspectos específicos de cada proyecto.


Si bien dicho recurso fue rechazado en la Corte penquista, sí se dictó una orden de no innovar, que paralizó el proceso. Luego, tras apelación, la Corte Suprema le dio la razón al recurrente y obligó al Core a repetir la votación.


Cuando en abril de 2015, la Suprema falló a favor de Boldt-Peralada, obligando al Core a emitir un nuevo pronunciamiento, se pensaba que el proceso llegaría a su fin, pero la segunda votación negativa de los consejeros regionales, en mayo de 2015, volvió a generar incertidumbre.


Esta vez, a petición de la justicia, el Core fundamentó su decisión, basándose en un supuesto riesgo del proyecto de generar ludopatía entre los jóvenes, debido a que el emplazamiento del casino de Boldt-Peralada está a pocos metros de la Universidad Pedro de Valdivia.


Esto llevó nuevamente a Boldt a los tribunales en junio de 2015, tras lo cual, la Corte penquista acogió el recurso en octubre de 2015, forzando una tercera votación, que se realizó en noviembre pasado.


La judicialización del proceso ha dilatado la adjudicación, que según el cronograma original, debió concretarse en agosto de 2014. Además, en el transcurso de estos dos años también se han conocido denuncias de tráfico de influencias, acusaciones cruzadas entre los dos competidores, dos requerimientos de Boldt contra Marina que no tuvieron éxito y la destitución del superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel, en febrero pasado.


Recurso decisivo
El recurso que verá hoy el Tribunal de Alzada penquista pudiera ser solo el tercero en una lista de nunca acabar, pero también podría ser determinante en el futuro del proceso, si se considera que en febrero pasado, la SCJ le restó validez legal a los correos electrónicos que en 2014 envió al Core el funcionario Luis Rodríguez, de la División de Autorizaciones y Estudios de la SCJ, en los que detallaba que al “Gore no le corresponde pronunciarse sobre las particularidades de los proyectos”.


Estos correos, que fueron interpretados como instructivos por Boldt-Peralada, se han convertido en una pieza clave en su argumentación ante la justicia.


Por ello, al caerse este argumento, los ministros podrían rechazar el recurso, quedando abierta la posibilidad de una apelación ante la Suprema.


La decisión de adjudicar le corresponde al Consejo Resolutivo de la SCJ, órgano colegiado encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, sin embargo, deberá esperar lo que determine la justicia antes de emitir su pronunciamiento definitivo.