Licitación del hospital

Recién asumido, en 2014, el actual Gobierno tomó la decisión de desechar la licitación del nuevo hospital de Chillán que iba a edificarse bajo la fórmula de concesión a privados y que de haberse continuado estaría actualmente en etapa de construcción.  

La autoridad planteó entonces que el proyecto debía llevarse a cabo como obra pública directa. ¿Cuál fue el problema? El atraso que implicó esa decisión para el desarrollo de esta importante obra para Ñuble, que ayer sufrió un nuevo y grave traspié, después que la Contraloría notificara al Servicio de Salud que la adjudicación realizada al consorcio italiano Astaldi queda en calidad de “representada”. 

Lo anterior significa que el órgano contralor se abstuvo de tomar razón de la resolución que adjudicaba el diseño y construcción del recinto asistencial, realizando observaciones relacionadas con la omisión de antecedentes administrativos por parte de la empresa y a la experiencia declarada por la misma. 

Se configura así un escenario en extremo complejo para esta emblemática iniciativa, que es la única inversión de gran envergadura que el Gobierno tiene prevista para la zona y que otra vez verá afectado su cronograma. De hecho, es muy probable que ni siquiera se adjudique en esta administración, pues en caso de efectuarse una nueva licitación, los plazos podrían exceder al tiempo que le queda a este Gobierno. 

No debería extrañar, entonces, la indignación que un revés como éste causa en la ciudadanía local, como tampoco el cuestionamiento a las autoridades responsables de este duro golpe a los anhelos de los habitantes de esta tierra. 

Ciertamente, identificar las responsabilidades técnicas y políticas detrás de este fracaso es obligación ineludible de la autoridad local y nacional, pero el sentido común sugiere que tan importante como evaluar y eventualmente sancionar el mal cometido de los funcionarios a cargo del proyecto, es que nuestras autoridades, elegidas y designadas, defiendan el actual proceso licitatorio y la adición de recursos para que la construcción del nuevo hospital se adjudique a alguna de las otras empresas que postularon y cuyas ofertas fueron superiores al presupuesto de 161 mil millones que destinó el Gobierno. De ser así, de todas formas habrá un retraso, pero menor en comparación a lo que significaría llamar a una nueva licitación.     

Las buenas políticas públicas requieren sentido de realidad y conocimiento respecto de las limitaciones institucionales y técnicas existentes. De no ser así, las decisiones públicas corren el riesgo de transformarse en afanes voluntaristas o en errores. 

En esta línea, no parecen suficientes las explicaciones de la autoridad de salud para contener la frustración que se instala cuando los plazos o recursos comprometidos no se cumplen. Y ello no solo tiene que ver con el retraso en el cronograma original del proyecto y las razonables dudas sobre la capacidad técnica y política para gestionarlo, sino también con los indeseables efectos que tienen en la opinión pública los sucesivos tropiezos que ha sufrido esta trascendental iniciativa. 

Independiente de los motivos ideológicos o técnicos que cada Gobierno pueda tener, hay ciertas decisiones que exigen anteponer una visión de urgencia para resolver los problemas que afectan especialmente la dignidad de las personas, sobre todo cuando los afectados no tienen otra alternativa que aquella que les ofrezca el Estado. 

Lamentablemente, tal visión ha brillado por su ausencia en este Gobierno, cuya deficiente gestión en salud hoy tiene al hospital que los ñublensinos requieren para una atención más completa y de calidad en la más absoluta incertidumbre.