Reforma al Código de Aguas

Esta semana la sala de la Cámara de Diputados podría votar el proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas, el cual define una prelación en la utilización de este recurso, entregándole prioridad al consumo humano y sanitario por sobre otros usos. Para ello, dota a la Dirección General de Aguas de facultades que le permiten reducir o limitar temporalmente los derechos de agua en función del interés público, por ejemplo, para enfrentar un período de sequía. 

A nadie debería extrañarle una iniciativa que apunte en este sentido, como tampoco que consagre una tutela permanente por parte del Estado, basada en la aplicación de principios precautorios. Después de todo, se trata de un bien nacional de uso público cuyo uso irracional por parte de unos pocos puede causar perjuicios a muchos. 

Otros lineamientos de la reforma que han hallado consenso entre los diferentes actores, y que por lo mismo se deducen positivos, son la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos, una mayor inversión para aumentar la información disponible y la mejora en el sistema de cobro de patentes por no uso para terminar con la especulación.

La iniciativa, que cumple dos años de discusión legislativa, fue inicialmente muy resistida por los agricultores, sobre todo por errores del propio Gobierno que no generó instancias de diálogo efectivas. Ello abonó el terreno para la desinformación y la polarización ideológica, que bien sirve a los intereses de los sectores que las alientan desde uno y otro extremo del espectro político. Allí se generalizaron, casi a nivel de caricatura, las figuras de expropiación y conculcación de derechos fundamentales, como también las de hordas de especuladores que hacen lo que les place con los ríos y acuíferos chilenos.

Sin embargo, lo que parecía un debate condenado al fracaso fue evolucionando positivamente, gracias a la prudencia de la dirigencia gremial agrícola que prefirió conversar y aportar antecedentes antes que cortar rutas, a una mayor y mejor capacidad de escucha del Gobierno que aprendió de los errores que cometió con las reformas tributaria y laboral y por último, al trabajo parlamentario, que ha jugado un papel relevante en aclarar buena parte de las ambigüedades y vacíos del proyecto original.

Pese a ello, sería ingenuo pensar en un consenso amplio. Hay sectores representativos de los mundos agrario, energético y ambientalista que siguen cuestionando su alcance, ya sea porque estiman que no entrega certeza jurídica a los actuales dueños de derechos de agua y a los futuros poseedores, como porque no garantizaría las condiciones ecológicas para la restauración de las cuencas, respectivamente. 

A nivel parlamentario, en tanto, la situación es similar. De hecho, los tres diputados de Ñuble habilitados para votar (Rosauro Martínez está desaforado), ejemplifican a la perfección la diversidad de visiones que ha cruzado todo el debate de la reforma al Código de Aguas: Loreto Carvajal lo hará a favor, Jorge Sabag en contra y Carlos Abel Jarpa aún no se decide.

En debates legislativos complejos, como éste, siempre es posible distinguir una política de “confrontación” y una política de “desarrollo”. La primera centra su mirada y alimenta su estructura de sentido en el enemigo y la segunda en la capacidad de dialogar y comprender la diversidad de realidades que es necesario administrar. 

Reformar el marco normativo de un recurso estratégico como el agua evidentemente reclama que la confrontación deje paso a la sensatez del desarrollo, concepto que incluye la sustentabilidad ambiental, como también la necesaria seguridad jurídica que da estabilidad a las inversiones. La ecuación es difícil, pero de eso se trata precisamente la misión de legislar en pos del bien común.