Funcionarios demandarán al municipio por bono previsional

Los funcionarios municipales de Chillán insistirán judicialmente en recuperar lo que, afirman, les pertenece. Son 290 millones de pesos que quedaron “empozados” en medio de una disputa judicial con el municipio y que en definitiva dejaron de percibir. 

El dinero forma parte de un bono que los trabajadores de planta y contrata de la Municipalidad de Chillán percibieran entre el año 2012 y julio de 2014 como consecuencia de una asignación del Gobierno en compensación por las pérdidas que les generó a los trabajadores el cambio del sistema previsional hacia el modelo de AFP. 

Acogiendo un dictamen de Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, el municipio, al igual que en todo Chile, dejó de cancelar ese bono en el mes de agosto de 2014, lo que originó un recurso de los funcionarios ante la justicia. Y si bien en un primer momento, la Corte de Apelaciones dispuso que el bono correspondía por derecho a los trabajadores, finalmente la Corte Suprema zanjó el tema a favor de los municipio, respaldando la suspensión de los pagos por parte de los alcaldes. 

Este ha sido el argumento utilizado por el municipio de Chillán que entendió que el dinero no correspondía seguir pagándoselo a los funcionarios municipales. 

Interpretación
Los trabajadores municipales, sin embargo, discrepan y afirman que el municipio mal interpretó el fallo de la Suprema, pues si bien afirma que las asignaciones no se pueden seguir pagando, nada dice sobre el dinero que se fue “empozando” mientras duró la controversia en los tribunales. 

“Fueron en definitiva 13 meses, desde agosto de 2014 hasta septiembre de 2015, que es el tiempo que duró el juicio, el período en que dejamos de recibir ese bono cuando en realidad se debió seguir cancelando”, afirma Zoraya Martínez, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de planta de la Municipalidad de Chillán, quien afirma que para este caso, representa también a los trabajadores a contrata, totalizando 160 trabajadores. 

La dirigenta precisa que lo que dice el fallo de la Suprema, en rigor avalando el dictamen de la Contraloría, “es que efectivamente no se puede seguir pagando esa asignación que se conoce como incremento número 2 por daño previsional, eso nosotros lo estamos aceptando y de hecho no apelamos, lo que estamos diciendo es que el municipio debe cancelarnos lo que no se nos pagó mientras duró el juicio que corresponde a esos 290 millones de pesos, sin contar intereses y reajustes”, aclaró la dirigenta gremial. 

Postura del municipio
Hasta ahora la postura dada en ocasiones anteriores por la Municipalidad de Chillán alude al fallo de la Corte Suprema en torno a la legalidad de la suspensión del pago de la asignación a los funcionarios. Sin embargo, no fue posible obtener una precisión en torno al nuevo reclamo de los trabajadores sobre la interpretación de la normativa legal. 

Preparan demanda civil
Con estos nuevos argumentos, el gremio de los funcionarios municipales prepara una nueva arremetida judicial, esta vez no mediante recursos ante la Corte de Apelaciones, sino a través de una demanda civil. 

“El fallo de la Corte Suprema es claro y deja entrever que lo que podemos hacer es demandar civilmente al municipio, nosotros ya nos estamos haciendo asesorar por dos abogados expertos, Baltasar Morales y Fabián Huepe, y presentaremos esta demanda la próxima semana”, afirmó Zoraya Martínez, quien manifiesta tener la convicción “de que nos va ir muy bien porque hasta ahora nadie nos dice que no se puede, por lo tanto no vamos a renunciar a parte de nuestra remuneraciones”, sostiene la dirigenta. 

Los trabajadores cuestionan además que el propio concejo municipal haya liberado esos recursos para ser utilizados en obras como canchas sintéticas o recursos para mejoramiento de obras. 

“Con estas acciones nos sentimos pasados a llevar porque si bien los recursos se liberaron en el  concejo municipal eso no quita que sigan siendo parte de nuestra remuneraciones”, afirma Martínez, quien reconoce que un juicio civil demandará tiempo. 

“Sabemos que se extenderá, pero podemos esperar, además la demanda considerará un monto con reajustes e intereses”, concluye la presidenta de la asociación de funcionarios.