Trabajadores denuncian presiones tras quiebra de maderera Río Itata II

Los 250 trabajadores de la empresa Río Itata II de Trehuaco, que se declaró en quiebra, denuncian presiones por parte de los dueños de la industria maderera, quienes los estarían obligando, según los dirigentes sindicales, a firmar finiquitos donde se les pagaría solo el 30% de lo que corresponde.

Así lo dio a conocer el vocero de los trabajadores Juan Parra, quien denuncia que "la gerencia ha realizado un trabajo sicológico para que firmemos".

"La empresa dice que nosotros como dirigentes tenemos que decirle a la gente que tenemos que aceptar lo que nos proponen, que es un 30% de lo que deben cancelarlos (1200 millones). Además dicen que prácticamente la quiebra es culpa de nosotros. La gerencia ha realizado casi un trabajo sicológico porque dicen que si no se acepta lo que nos proponen, no vamos a tener ninguna ganancia ni garantía de que se nos pague lo que nos corresponde. Hablan de plazos de 1, 2 a 3 años y ni siquiera con porcentajes, sino que nos dicen con suerte tendremos el 30%. Llevamos ya 60 días marcando ingreso y salida y seguiremos mientras no se solucione el problema", indicó el vocero.

Por su parte, Gonzalo Morales, abogado que representa los intereses de los afectados, indicó que la empresa tienen hasta el 14 de octubre para solucionar el problema y para que ingresen nuevos inversionistas, ya que de no ser así entrará en un estado de liquidación. 

"Los trabajadores están a la deriva y se les está amenazando diariamente para que firmen (...) La empresa tienen créditos preferentes que los pueden hacer valer ante un tribunal y se pueden crear una mesa de negociación que hasta ahora no se ha creado, porque la gerencia tiene una postura rígida y no quiere conversar. Queremos lograr sobre el 75% de lo que ellos están pidiendo", indicó el abogado. 

En este conflicto ha intervenido la diputada Loreto Carvajal quien señaló que denunciará estos hechos al Ministerio del Trabajo.

"Se está intimidando a los trabajadores para que ellos de manera voluntaria renuncien y tengan un tercio de indemnización, sin contar que han entregado 10 años de trabajo a la empresa. No es posible que el Estado y la Cámara de diputados haga vista gorda cuando hay derechos vulnerados. Acá quieren sustraer algo legítimo como es la indemnización por años de servicio y por supuesto que haremos todo lo necesario para ayudar a los trabajadores. Iremos al Ministerio del Trabajo para entregar un respaldo legal y jurídico", puntualizó la diputada.